Mas intenta forjar un pacto de insumisión a la «ley Wert» con la comunidad educativa

La Razón
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No hace ni dos meses que Artur Mas se reunió con sus consellers en el Palau de Pedralbes –aprovechando que el espacio había quedado libre, tras el fracaso de la cumbre anticrisis–, para reclamarles un cambio de estrategia: recuperar el diálogo con Madrid. Pero después de gestos como el de Mas, de aparcar el discurso soberanista, durante la última visita de Mariano Rajoy a Barcelona, la ley Wert amenaza con dinamitar la relación entre el Gobierno y la Generalitat. Ayer, el portavoz del Govern, Francesc Homs, avanzó que la Generalitat no acatará la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) porque representa un «atentado» contra el sistema de inmersión lingüística que tiene el catalán como lengua vehicular.

Homs avanzó que Mas pretendía convocar una cumbre, entre el viernes y el martes de la semana que viene, con los partidos que defienden la inmersión escolar en catalán –PSC, ICV y la CUP– y la comunidad educativa para visualizar un pacto de desobediencia. La Generalitat ya ha dicho que no aplicará la normativa porque «es imposible administrativa y operativamente». Y aunque en esto están de acuerdo todos los partidos catalanistas, la oposición, con excepción de ERC, rechazó la idea de convocar otra cumbre, como la del pasado 13 de diciembre, para defender el sistema de inmersión en catalán, la lucha contra el fracaso escolar y la Ley de Educación de Cataluña (LEC)

Por si la cumbre fracasa, el Govern refrescó al ministro Wert, los tres argumentos en defensa de la inmersión lingüística y en contra de la Lomce, que avala el castellano como lengua vehicular. Alegó que pretende que «una minoría –en referencia a las 17 familias , según Homs, que reclaman una escolarización en castellano– imponga una realidad a una mayoría». Y acusó a Wert de decapitar a Montesquieu cuando dice que «la ley es la expresión de la voluntad popular». Recordó que la inmersión lingüística ha sido avalado por el Constitucional. Finalmente, denunció que es una ley política que no obedece a criterios pedagógicos porque los alumnos de Cataluña acaban los estudios de primaria con un nivel de castellano superior al de la media.