Pena de tres años de cárcel para el ex alcalde de Sabadell por anular multas a su familia

La Audiencia de Barcelona condenó a tres años de cárcel al ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), por ordenar a la Policía Local que retirara sendas multas de tráfico que había impuesto a su esposa e hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio.

La Audiencia de Barcelona condenó a tres años de cárcel al ex alcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC), por ordenar a la Policía Local que retirara sendas multas de tráfico que había impuesto a su esposa e hijos en 2012, cuando gobernaba el municipio.

Se condena a Bustos por dos delitos de tráfico de influencias y le impone además 16 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos y una multa de 400 euros. Ésta es la segunda condena que acumula Bustos por la investigación del caso Mercurio sobre presuntas irregularidades en este Ayuntamiento, después de la que le impuso en 2015 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), junto al ex número dos del PSC Daniel Fernández, por usar su influencia sobre una alcaldesa socialista para que empleara a una exalto cargo del tripartito.

Las gestiones del ex alcalde para que se saldaran las multas a su familia se destaparon en las intervenciones telefónicas que acordó un juez de instrucción de Sabadell, a raíz de las sospechas de presunta corrupción de empresarios y concejales del consistorio.

En su sentencia, el tribunal condena además a quince meses y un día de cárcel y a once años y medio de inhabilitación para cargo público a Josep Miquel D., el ex intendente de la Policía Local que anuló las multas, por un delito de tráfico de influencias y otro de prevaricación administrativa. Por el contrario, absuelve a Xavier I., excoordinador de Espacio Público de Sabadell del delito de malversación del que se le acusaba, al no haber podido probar que pagara una de las multas con dinero público, como el propio procesado explicó a Bustos en una conversación telefónica intervenida.

La sala impuso a Manuel Bustos la condena por tráfico de influencias en su mitad superior, al considerar el delito agravado, puesto que el ex alcalde «consiguió el propósito buscado», que era que se anularan las multas a sus familiares.

Para el tribunal, la conducta de Bustos «supone un menoscabo para el interés general, atacando la objetividad e imparcialidad de la función pública», cuando como alcalde tenía «una obligación mayor de proteger el interés público, al haber sido elegido por la generalidad de las personas para salvaguardar dicho interés».

Según cree probado la Audiencia, en 2012 el ex alcalde intervino para que se retirara una multa de 200 euros que la Policía Local había impuesto a su esposa por estacionar su coche en una parada de transporte público.