Trabajo firme para hacer cumplir la Ley

Corría el año 2009 cuando un ciudadano presentó una denuncia ante el Defensor del Pueblo porque el Ayuntamiento de Corbera de Llobregat no cumplía la Ley de Banderas. Concretamente, el vecino se refería a un colegio público de la localidad, donde no ondeaba la enseña nacional. El Defensor del Pueblo instó a la Delegación del Gobierno en Cataluña a que exigiera que se cumpliera la ley en la queja planteada, y, tras un primer requerimiento al que el Ayuntamiento no ha hecho caso alegando que no tiene dinero para comprar el mástil y la bandera, la administración ha acabado interponiendo un recurso contencioso-administrativo.

El caso ha encendido esta semana los foros soberanistas y las asociaciones que promueven iniciativas como boicotear que ondee la bandera española en las dependencias municipales. Utilizan la «guerra de banderas», según denominación independentista, para expandir su discurso y a la par intentar desprestigiar una labor que es, en realidad, trabajo firme de la Delegación del Gobierno que encabeza Llanos de Luna para velar por la legalidad.

Las denuncias a los tribunales no llegan de la noche a la mañana ni cogen por sorpresa a los alcaldes que las airean públicamente y que, en casos como la localidad de Gallifa, llegan al esperpento cuando aseguran que han encontrado la manera de burlar la legalidad, según su alcalde, Jordi Fornas (Solidaritat per la Independència), que se dio un baño de titulares tras poner un banderín minúsculo en la fachada consistorial y decir que ocupaba un lugar «preeminente». El trámite comienza bien con ciudadanos molestos porque se incumple la ley y acuden a la administración haciendo uso de su derecho, como es el caso de Corbera; bien porque la Delegación del Gobierno decide actuar si el informe de la Abogacía del Estado concluye que se están vulnerando las normas.

El Gobierno nunca airea las denuncias. No da publicidad a un trabajo tan obvio y necesario como velar por el estado de derecho, y cuando saltan a la luz casos como los de Corbera, Gallifa o Vilassar de Dalt –los tres municipios denunciados que han salido a la luz por incumplir la Ley de Banderas– es porque sus alcaldes ponen el grito en el cielo. Por incumplir la normativa sobre las enseñas, la Delegación del Gobierno también ha enviado requerimientos a Igualada, Tàrrega, Agramunt, Les Borges Blanques, Vilafranca del Penedès, Balaguer y Calldetenes, y quien no cumpla será denunciado.

Más allá de la Ley de Banderas, el órdago soberanista ha abierto otros frentes para sacar pecho que también están llegando a los tribunales. Arenys de Munt, Celrà y Espinelves han sido denunciados porque no tienen competencias para declararse «municipios catalanes libres». Simplemente, han adoptado acuerdos nulos de pleno derecho. En el caso de Girona y Figueres la denuncia viene porque aprobaron la contratación de trenes para desplazar a los vecinos a la manifestación independentista del 11 de septiembre. Todo vale por la causa soberanista.