Un directivo de Airbnb realquilaba un piso en Barcelona

La plataforma alcanza su máximo histórico de viviendas turísticas con más de 8.700.

La tumultuosa relación entre el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma de alquileres turísticos Airbnb suma un nuevo capítulo a su larga lista de desencuentros. El gobierno municipal denunció ayer que un directivo de la compañía alquiló un piso en el barrio Gótico para después realquilarlo a través del propio portal. Por ello, la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, espetó a Airbnb que «o cumple la ley o no podrá operar en Barcelona». De momento se mantiene la sanción máxima a la plataforma, de 600.000 euros, por haber reincidido en la publicidad de pisos turísticos ilegales, y si no se muestran signos de cambio de actitud volverán a emitir otra multa por la misma cantidad.

Pese a las intenciones del Ayuntamiento, no obstante, lo cierto es que Airbnb goza de una salud envidiable en Barcelona. La plataforma ha alcanzado este mismo año su máximo histórico en oferta de pisos turísticos con más de 8.700 vivienda, 17.300 en total si se cuenta a aquellos que alquilan una habitación en lugar del inmueble entero, según el portal independiente de la compañía Incide Airbnb. Por lo que al Ayuntamiento le queda mucho trabajo por hacer en este campo.

Así las cosas, Kay Kuehne, responsable de la compañía para América Latina hasta 2015, ahora ya fuera de la compañía, alquiló un piso en el barrio Gótico el 31 de mayo de 2013 para inmediatamente realquilarlo. En diciembre del año pasado, el Consistorio notificó a la propietaria del piso una orden de cese y la apertura de un expediente sancionador. La mujer alegó que tenía el piso alquilado a la misma persona desde el 2013 y aportó la documentación. Aseguró que en ningún caso ella había convertido el inmueble en un apartamento turístico. El Consistorio ha intentado notificar sin éxito el expediente sancionador al ex directivo de Airbnb pero ha tenido «problemas para localizarlo» porque vive en el extranjero. El hombre pidió rescindir el contrato de alquiler el mismo diciembre de 2016 «porque ya no vivía en España».

Posibles redes

Así pues, la teniente de alcalde explicó que el gobierno «sospecha que Airbnb da cobertura a posibles redes» que se dedican a realquilar pisos de manera ilegal, «porque lo hacen sin ningún tipo de filtro». «Es una estafa a la ciudad», sentenció. Por ello, esta misma semana formalizarán el cierre del expediente de 2016 que acarrea una sanción de 600.000 euros a Airbnb. La plataforma, que ayer no quiso hacer comentarios al respecto, tiene un mes para recurrir en contra. De hecho, las dos anteriores multas de 30.000 euros están en el Juzgado Contencioso Administrativo. Sanz, además, añadió que se reunirán con la compañía y «si no hay una muestra de cambio de actitud de cumplir con la ley» le abrirán un nuevo expediente por valor de otros 600.000 euros.

El Ayuntamiento calcula que de los 3.000 expedientes sancionadores abiertos por pisos turísticos ilegales, entre un 10 y un 15%, unos 316 pisos, son casos de actividad ilegal en realquiler. En total, se han emitido 2.200 órdenes de cese de actividad y ha habido 127 precintos de pisos (el año pasado fueron 30). Además, aseguran que desde el caso de la semana pasada, han detectado tres o cuatro propietarios más afectados por la misma persona que ha realquilado pisos de forma irregular. El gobierno municipal, además quiere reunirse con la Generalitat para conseguir nuevas herramientas de sanción como por ejemplo, en el caso de reincidencia, se podrá aumentar el máximo de las sanciones, ahora de 600.000 euros.

Janet Sanz lamentó que el caso del directivo de Airbnb «demuestra que esta plataforma ha traspasado todo los límites posibles. Hay quien piensa que está por encima de esta legislación y puede hacer lo que le da la gana». Concluyó que «todo este trabajo demuestra que hay una realidad diferente de aquella realidad idílica que plataformas como Airbnb nos quieren hacer creer».