Una juez expulsa como acusación particular a una asociación de la Guardia Civil por el 1-O

La magistrada estima los recursos de los votantes

Una juez de Manresa (Barcelona) ha expulsado como acusación popular a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil de la causa en la que investiga las cargas de agentes del instituto armado para impedir el referéndum del 1-O en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

En un auto, la titular del juzgado de instrucción número 2 de Manresa estima el recurso presentado por la acusación particular que ejercen votantes heridos en las cargas y ha revocado una resolución anterior que aceptaba la personación de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil.

La juez argumenta en su auto que la Unión de Oficiales es una asociación profesional de la Guardia Civil cuya función se circunscribe a “velar por los intereses profesionales de sus miembros”, no por el interés público que debe guiar la actuación de una acusación popular en un proceso judicial.

Tras recordar que en la causa hay varios guardias civiles investigados por las cargas a raíz de denuncias de votantes, el juez concluye que el papel de la Unión “como acusación particular garante del interés general puede ser puesto en entredicho, al tener que conjugarse con su misión profesional de asistencia y protección a los miembros del citado cuerpo”.

Para la juez, la Unión de Oficiales “no parecer ser un ente público entre cuyas funciones se encuentre velar por el interés público general” y, en el caso de que así fuera, no se ha aportado a la causa los estatutos de la asociación que pudiera acreditarlo.

La magistrada que ahora ha expulsado de la causa a la Unión de Oficiales de la Guardia Civil acaba de ser designada instructora de la causa, tras el cese de la anterior titular, que sí había admitido a la asociación como acusación popular, sin exigirle fianza.