Abogacía de la Generalitat pide once años y medio de cárcel para Blasco

El informe de la Abogacía General de la Generalitat valenciana sobre la denominada causa de Cooperación solicita once años y medio de prisión para el ex conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, de los que siete años y un día se le aplican por un delito continuado de malversación de caudales públicos, con una inhabilitación absoluta aparejada de 17 años y seis meses; y otros cuatro años y seis meses lo son por un delito continuado de falsedad en documento público y oficial, además de una inhabilitación de cuatro años y una multa de 4.500 euros. Por el delito de prevaricación administrativa (por omisión) solicita diez años de inhabilitación.

La dirección general de la Abogacía de la Generalitat, bajo las órdenes de Cristina Macías, que en su día trabajó en el grupo popular de Les Corts a las órdenes del propio Blasco, considera que el ex conseller es autor de un delito de tráfico de influencias, así como de otro de prevaricación administrativa y delito continuado de malversación de caudales públicos. Además, le imputa un delito de falsedad en documento oficial aunque no como autor sino como inductor.

El informe valora al resto de los imputados, algunos ex altos cargos, como es el caso de Alejandro Catalá, subsecretario de Cooperación, a quien considera autor de un delito de falsedad en documento público y oficial, y cooperador necesario de los delitos de malversación y prevaricación. Por todo ello pide una pena de diez años y medio de prisión e inhabilitación de 18 años.

Respecto a Josep María Felip, director general, lo considera cooperador necesario por omisión de un delito de prevaricación y otro de malversación, y también cómplice de un delito de falsedad en documento público y oficial. Por todo ello pide ocho años y tres meses de cárcel. Cabe señalar que la Abogacía de la Generalitat reconoce que Felip trató de destituir a Marco Antonio Llinares -otro de los imputados- y que Blasco no se lo permitió.

A este imputado -Llinares-, fue director general de Integración, le imputa la abogacía un delito continuado de malversación en el grado de cooperación necesaria para el que reclama seis años de prisión y 15 de inhabilitación.

Para Xavier Llopis, que fuera jefe de Gabinete del ex conseller Blasco, solicita cuatro años y seis meses de prisión por un delito continuado de falsedad documental.

A la secretaria general administrativa de la Conselleria, Tina Sanjuan, se le imputa un delito de tráfico de influencias y otro continuado de falsedad en documento oficial, ambos en concurso medial con un delito de prevaricación y éste a su vez en concurso ideal de un a delito de malversación de caudales público. Por todo ello, solicita la Abogacía la misma pena que para Blasco, once años y seis meses de cárcel.

Para el resto de imputados, no cargos públicos, la Abogacía requiere penas de ocho años de prisión, en el caso de Augusto César Tauroni por un delito de falsedad en documento mercantil y fraude de subvenciones, además de un delito continuado de malversación de caudales públicos. Tauroni era el «conseguidor» de las subvenciones que iban a parar a Cyes.

Para Marcial López , presidente de Cyes, la ONG que resultó beneficiaria de las subvenciones públicas de 1,8 millones de euros que se desviaron, solicita cinco años de prisión y multa de seis millones de euros. Igual pena pide para su mujer, María Josefa Cervera, secretaria de Cyes.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción pide en su escrito catorce años de prisión y 33 de inhabilitación para Rafael Blasco.

En el escrito de conclusiones provisionales presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, la Fiscalía también reclama al diputado del PP en Les Corts el pago de una multa de 43.200 euros.

Por su parte, la acusación particular que ejerce el PSPV también pide quince años de prisión, mientras que el padre de un niño adoptado de Haití, que también acusa, pide trece años.