El Consell da un ultimátum para que se pongan en alquiler los pisos vacíos

Salvador avisa de que multará a las entidades bancarias que incumplan la ley mientras trabaja en cómo impedir que sigan subiendo los precios

La Generalitat impondrá sanciones de hasta 3.000 euros a aquellas entidades financieras o grandes tenedores de viviendas con pisos vacíos que no figuren en el registro de viviendas deshabitadas creado por la Generalitat. Además, una vez figuren en esta relación, tendrán la obligación de cederlas para que la Conselleria de Vivienda las pueda poner en régimen de alquiler social. Si no lo hacen, se les impondrá de nuevo una sanción.

Es la última advertencia que realizó ayer la consellera del ramo, María José Salvador, a las entidades financieras, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya determinado qué artículos de la Ley Función de la Vivienda cumplen la normativa.

El TC declaró inconstitucionales los artículos que hacían referencia a la expropiación de la vivienda en el caso de que se encontrase vacía, así como a la obligación de ofrecer un alquiler con opción a compra antes de ejecutar un desahucio. Por tanto, al menos hasta que se regulen estas cuestiones en una ley de ámbito estatal, el único mecanismo que le queda a la Generalitat es imponer sanciones.

Freno al precio del alquiler

Salvador explicó que esta medida tiene como objetivo sacar más viviendas al mercado en régimen de alquiler social, pero también trabaja en la manera de frenar la escalada de precios en el mercado libre. De momento, la solución es mucho más complicada y desde la Conselleria no han encontrado el mecanismo más adecuado para lograrlo.

A día de hoy, trabajan en la elaboración de un índice de referencia de precios del alquiler para saber en qué rango se mueve el mercado y cuáles son las zonas «tensionadas», es decir, donde más se paga. A partir de estos datos, se establecerá una horquilla de precios que la Generalitat considerará razonable (se tendrá en cuenta ubicación, metros cuadrados del piso y su estado) y que servirá al futuro inquilino para negociar sobre una base.

Los siguientes pasos ya no dependen de Salvador, puesto que es el Ministerio de Fomento quien debe regularlo para todo el Estado y la Conselleria de Hacienda la que determine, a través de desgravaciones, qué beneficios obtendrá el propietario que respete los precios.

La solución: más obra nueva

Desde la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana consideran que las iniciativas presentadas son muy «loables» en su concepción y filosofía, pero «irrealizables» porque entre otras cuestiones, dependen de otras Administraciones. Insisten en que la solución más inmediata pasa por agilizar las licencias tanto de obra nueva como de rehabilitación que, en casos como el de Valencia, tarda hasta seis años.