El Consell exige urgentemente el FLA sin saber a qué debe destinarlo

El Consell en pleno ha reclamado esta semana la llegada de 1.380 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Sin embargo, a día de hoy todavía no tiene muy claro la función que debe cumplir este fondo. Mientras que desde la Conselleria de Hacienda se aseguraba el pasado martes que se afanaban en la tarea de poner a punto las facturas de 2014 que deben presentarse para acceder a estos pagos, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, desconocía si todavía había deudas pendientes del pasado año. «Alguno habrá, porque se han ido priorizado».

Esta falta de precisión no le impidió asegurar que si no llegan pronto los millones que prometió el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al jefe del Consell, Ximo Puig, durante su reunión del lunes, no se podrán atender pagos «importantísimos que afectan a los derechos de las personas y que obviamente deben ser garantizados por el Gobierno de España».

Entre los colectivos afectados citó a las residencias, las ayudas a personas con diversidad funcional o los abogados del turno de oficio, «eso es lo más sensible, lo que afecta a los derechos fundamentales».

Oltra se refirió a pagos de este año, mientras que el objeto del FLA es saldar el déficit con el que cerró la Generalitat el pasado ejercicio.

Con todo, la vicepresidenta lanzó una advertencia al Gobierno de Rajoy. Si ese dinero no llega, «pasaremos de estar moderadamente satisfechos, a moderadamente cabreados».

También desveló una novedad del encuentro entre Puig y Rajoy que ni siquiera el propio Puig contó. Aseguró que el jefe del Ejecutivo central se comprometió a valorar la posibilidad de que la Comunitat Valenciana pueda recibir una condonación de la deuda que acumula tras décadas de infrafinanciación. Lamentó que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, con el que Puig tiene previsto un encuentro el próximo martes, sea el único que no está de acuerdo. «Es él quien va contra corriente».

Oltra también anunció que el pleno del Consell aprobó ayer recurrir la suspensión cautelar dictada por el Tribunal Constitucional de la ley valenciana que prevé la atención sanitaria para inmigrantes en situación irregular. Aclaró que la Generalitat «acata esta decisión», aunque la Abogacía trabaja en un recurso para que la suspensión del decreto del Consell sea levantada dado que existen precedentes en el País Vasco y Navarra, donde se dejó sin efecto.

El Consell ha dado instrucciones a los centros de salud para que se continúe atendiendo a todos los inmigrantes.