El Consell quiere expropiar a los bancos que desahucien pero habrá de esperar a 2017

El Consell aprobará mañana el anteproyecto de la Ley por la Función Social de la Vivienda. Se tramitará por la vía de urgencia en Les Corts, pero a no ser que el próximo Gobierno central derogue la Ley de la Segunda Oportunidad, dos de sus artículos fundamentales no podrán aplicarse hasta mayo de 2017, fecha en la que tiene vigencia esta ley.

Esta es la única manera de que la norma siga adelante y no sea recurrida, como ya sucedió con la ley aprobada por la Junta de Andalucía.

La consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, explicó que se trata de las medidas que afectan directamente a las personas desahuciadas. Cuando se produzca un lanzamiento hipotecario, la Generalitat ofrecerá al banco cambiar el contrato de compra por uno de alquiler con opción a compra.

Durante tres años, la Generalitat se hará cargo de pagar una parte del mismo, como si fuese uno de alquiler social, por lo que la cuantía no podrá superar el 25 por ciento de los ingresos de unidad familiar. Habrá exenciones de pago cuando el afectado demuestre que no tiene ingreso alguno.

Pasado este tiempo, la Generalitat dejará de hacerse cargo del alquiler y el inquilino tendrá la opción pagar la mensualidad o comprar el inmueble.

Si la entidad financiera se negase a formalizar el contrato de alquiler con opción a compra, la Generalitat iniciará el procedimiento de expropiación por «interés social y necesidad de ocupación» por un tiempo máximo de tres años.

Además de estos asuntos, que variarán en función de las decisiones que tome el Gobierno central, la Ley por la Función Social de la Vivienda articula una serie de medidas encaminadas a aumentar la oferta de pisos para aquellos que tienen más dificultades económicas.

La base de su éxito reside en la creación de un registro de viviendas vacías para saber con exactitud con qué parque inmobiliario se cuenta. Los datos apuntan a que en la Comunitat Valenciana existen 500.0000 viviendas que no están ocupadas. Así, será obligatoria inscribirlas en este censo, de tal manera que se conocerá quiénes son los propietarios.

En el caso de que el piso permanezca deshabitado durante más de dos años, la Administración emitirá una resolución y si seis meses después sigue sin ocuparse, se activará un sistema de sanciones que irá de los 600 a los 30.000 euros. Las multas solo se impondrán a los bancos y a aquellos propietarios que tengan más de diez pisos vacíos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, insistió en que el objetivo de esta ley no es sancionar ni expropiar, sino conseguir que la vivienda sea un derecho universal, como la Sanidad.

Los bancos miran a la Administración

El presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, tras recordar que la entidad que dirige firmó un convenio con la Generalitat de cesión de 300 viviendas vacías para uso social, aseguró que lo que se requiere en estos casos son políticas «de carácter asistencial», más allá del esfuerzo que se pueda exigir a las entidades financieras.