Cerco a la corrupción
El juez investiga a la secretaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia
Ha ampliado las diligencias a un supuesto delito electoral
Ha ampliado las diligencias a un supuesto delito electoral
El juez que investiga si concejales y asesores del grupo popular en el Ayuntamiento de Valencia incurrieron en delito de blanqueo de capitales, mediante la aportaciones de mil euros que posteriormente «recuperaban» en dos billetes de 500 euros, ha ampliado esa investigación al delito electoral continuado, al observar –sobre todo, después del informe recibido de la UCO– que el Grupo Municipal pudo cargar gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 en una cuenta bancaria sin fiscalizar. «Resulta razonable comprobar si esos gastos se contabilizaron electoralmente y, en su caso, por qué no se hizo, quién o quiénes, entre las personas con atribuciones orgánicas para ello, decidieron ese gasto o decidieron no reflejarlo en la contabilidad electoral», justifica el magistrado la ampliación de la investigación al citado delito electoral.
Por este motivo, ha citado a declarar en calidad de investigadas a la ex secretaria del grupo municipal del PP Carmen García Fuster y a la administradora provincial de la candidatura popular a las elecciones municipales de 2015, Montserrat Tello, y requiere al PP para que identifique a la persona que ejerció estas funciones en 2011, ya que en su momento no facilitó ese dato ante la Junta Provincial. Sin embargo, deja claro que ese delito no puede imputarse al PP como figura jurídica, sino que, en su caso, serían personas concretas las que deberían responder.
Esa decisión se adopta al apreciar el instructor que, en «ejecución de un plan preconcebido», el Grupo Municipal del PP de Valencia cargó gastos electorales en las campañas de 2011 y 2015 a una cuenta bancaria, gestionada básicamente por García Fuster, «carente de toda fiscalización y reflejo en la contabilidad del PP». Junto a ello, añade que de las diligencias practicadas hasta el momento existe una «aparente infracción tanto de la normativa aplicable en materia de financiación de partidos políticos como de régimen local».
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