Blanqueo de capitales
Imponen a RTVV una fianza de 30.000 euros por el «caso Sanz»
La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Paterna impuso a Radiotelevisión Valenciana (RTVV) una fianza de 30.000 euros en su condición de responsable civil subsidiario, en la causa abierta por los presuntos abusos del ex secretario general del ente público, Vicente Sanz, a tres trabajadoras.
Así consta en un auto del 18 de septiembre, en el que la jueza admite la petición que las acusaciones hicieron hace casi un año. Las tres periodistas que denunciaron el supuesto acoso, junto con la Intersindical Valenciana y CCOO, pidieron la responsabilidad subsidiaria de RTVV al considerar que Sanz estaba trabajando en la empresa pública cuando se produjeron las actuaciones denunciadas y que el 90 por ciento de los hechos tuvieron lugar en el despacho del acusado.
Así, la magistrada especificó que hay «indicios» de que Sanz se prevalió de su cargo desde 2007 a 2010 para solicitar favores sexuales a tres trabajadoras subordinadas, con lo que se creó «una situación gravemente intimidatoria y humillante». «Estos hechos, unidos a que se cometieron en las instalaciones de la empresa, convierten al ente público en procesado en la causa y le obligan a depositar la fianza impuesta», según especificaron fuentes de la Intersindical del ente.
De este modo, tras declarar la jueza a RTVV responsable civil subsidiario en la causa, si Sanz fuera condenado y no hiciera frente a las responsabilidades económicas fijadas con las víctimas, sería la sociedad pública la que tendría que asumirlas.
Ante la imposición de la fianza, existe la posibilidad de interponer un recurso. Desde la dirección de RTVV SAU anotaron que, jurídicamente, no es competencia de la sociedad tomar «ninguna decisión» sobre esta cuestión. Así, alegan que le corresponde hacerlo al antiguo ente que, actualmente, está disuelto y en proceso de liquidación. Es el Consejo de liquidación, según manifestaron fuentes de la actual cúpula directiva, el que tendrá que decidir si recurre o no en un plazo máximo de tres días.
Por su parte, la coalición Compromís y Esquerra Unida aseveraron que la fianza impuesta evidencia la responsabilidad de los directivos del ente.
En línea con lo ocurrido, la Intersindical recordó a la directora general que RTVV, Rosa Vidal, que «todavía no ha puesto en marcha el protocolo contra el acoso, a pesar de estar advertida por Inspección de Trabajo».
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