La juez insiste en procesar a Camps a la espera de que la Generalitat se pronuncie

Considera «irrelevante» que la Intervención General de la Generalitat no constate algún prejuicio económico directo para la Generalitat y considera «poco seria» a la Fiscalía

La Abogacía de la Generalitat debe decidir si acusa a Camps o si, siguiendo el criterio de la Fiscalía, basado en el informe de la Intervención, pide el archivo
La Abogacía de la Generalitat debe decidir si acusa a Camps o si, siguiendo el criterio de la Fiscalía, basado en el informe de la Intervención, pide el archivo

La titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia emitió ayer un auto en el que rechaza todos los recursos presentados por las partes a su auto de procesamiento de los dieciséis imputados en la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia.

El auto de la juez, más comedido que el auto de incoación del procedimiento abreviado, considera «irrelevante a los efectos que se han investigado en este procedimiento» que la Intervención de la Generalitat «no constate algún perjuicio económico directo para la Generalitat, ni que la totalidad de la obra y urbanización que se hizo en su día, está abierta al público».

Suaviza además la carga subjetiva del auto anterior cuando valoraba los motivos que llevaron al expresidente Francisco Camps a llevar adelante el proyecto del Circuito Urbano y dice ahora que «no se discute la celebración del Gran Premio de Fórmula 1 durante años y su éxito, ni el interés personal del señor Camps ni que fuera el rédito político y personal del mismo lo que se reproche penalmente, resultando indiferente la razón o motivación que le guió».

Sin embargo, es muy dura con la Fiscalía e incluso expone criterios contrapuestos que en ocasiones han mantenido los tres fiscales Anticorrupción citándolos a todos por su nombre. Dice que «resulta sorprendente y poco serio que sea precisamente el Ministerio Público, quien interpuso querella con fecha de 29 de enero de 2018 (...) y ahora solicite el archivo y sobreseimiento provisional por estimar que no se dispone de elementos de prueba suficientes», respecto de la malversación, y que el presunto delito de prevaricación habría prescrito.

Señala la juez que fue la Fiscalía quien se opuso a la prescripción en septiembre de 2018.

El escrito de la magistrada insiste en que, pese al informe de la Intervención que dice que no hubo perjuicio económico a las arcas de la Generalitat «ello no implica ni que no exista perjuicio económico ni menos aún malversación» y afirma que en este caso, la prescripción sería a los quince años y no a los diez.

El auto también refiere que el anterior fiscal Anticorrupción, Vicente Torres -hoy magistrado del TSJ por elección de la mayoría de Les Corts-, sí tuvo en cuenta las acusaciones de Ricardo Costa respecto a este asunto, cosa que ahora la Fiscalía no o hace al considerarlas propias de otro procedimiento.

La juez deja la pelota en el alero de la Generalitat cuya acusación es imprescindible para que se celebre el juicio oral.