Llíria plantea parar la adjudicación del nuevo centro de menores de Oltra

El punto número diez del orden del día de la Junta de Gobierno Local aborda la suspensión de la construcción de esta instalación

La construcción de un centro de menores en Llíria vuelve a estar en el aire. La Junta de Gobierno convocada para el viernes recoge en el punto número diez del orden del día la «no adjudicación del procedimiento abierto simplificado para la contratación de las obras de habilitación de edificio para centro de menores en el Centro Cívico El Prat de Llíria».

Este anuncio llega en un momento especialmente complicado para la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, en lo que a la gestión de estos centros se refiere.

Esta misma semana se conoció que las instalaciones de Buñol dejarán de servir como punto de recepción de jóvenes y pasarán a ser únicamente de acogida, fin para el que se utilizó hasta que se cerró el de Monteolivete en 2017.

Oltra aseguró ayer que este cambio estaba previsto y que lo que ha hecho ha sido cumplir con el Ayuntamiento de Buñol.

Obviaba así que hubiese cedido a la presión que desde este municipio, gobernado por el PSPV, se ha realizado durante los últimos años, así como las serias advertencias sobre el mal estado en el que estaban los menores y de la falta de personal que impedía un correcto funcionamiento del centro que ha denunciando el PP de manera continuada. También se hicieron públicas peleas en las inmediaciones de la localidad entre menores.

La vicepresidenta insistió en que no desvelará el nuevo destino. «Hay que protegerlos de las mafias, de los pedrastras o incluso de sus propias familias».

Incertidumbre en Llíria

Desde el PP de Llíria, que incluso ha presentado un contencioso-administrativo a la contratación de las obras del centro, se muestran cautos con el anuncio de la Junta de Gobierno.

La portavoz Reme Mazzolari, aseguró que desconocen en qué términos lo planteará. «Todo hace pensar que se aprobará porque de lo contrario los concejales que participen de la decisión de adjudicar las obras a la empresa propuesta por la Mesa de Contratación, tal y como advierte el Interventor en su informe, se arriesgan a tener que afrontar el gasto de sus propios bolsillos».

Abierta la vía judicial para paralizar las obras

El contencioso- administrativo del PP argumenta que el expediente de contratación presenta «vicios y nulidades». Insisten en que se han incumplido los plazos recogidos en el convenio que le aporta la financiación (910.000 euros), y por tanto recaería sobre las arcas municipales.