Al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, le esperaban en la puerta de Les Corts decenas de padres representantes de asociaciones de escuelas concertadas. Era el preludio de un tenso debate provocado por los populares que le preguntaron qué pensaba hacer ante el «clamor» demostrado el pasado martes en Alicante, donde una concentración a favor de este tipo de educación congregó a 10.000 personas.

El jefe del Consell se preparó para tratar de neutralizar este ataque. En primer lugar, negó la mayor asegurando que solo se han anulado tres aulas y en segundo lugar, anunció un decreto para reducir la ratio en las clases de todas las etapas educativas y una ley valenciana de la Educación, sin más precisión.

Sin embargo, los populares no quedaron satisfechos con estas promesas. La síndica del PP, Isabel Bonig, quien acudió a la concentración de Alicante, acusó al Consell de atacar a la educación concertada, especialmente a la católica, «porque tiene ideario», y advirtió de que el Consell quiere convertir a la concertada en un problema para el sistema educativo, cuando es «parte de su solución».

Más dura que Bonig fue la portavoz popular de Educación, Beatriz Gascó, quien aseguró que la Generalitat quiere llevar la «mediocridad» y el «catalanismo» a la escuela pública y preguntó al presidente si va a dejar a los padres elegir una opción lingüística y religiosa o va a imponer un modelo único.

Quizás con la previsión de que el debate subiría de tono, Compromís decidió utilizar su pregunta de control para dar margen al presidente de dejar claro su mensaje. El síndico Fran Ferri le pidió una valoración sobre el arreglo escolar aprobado por la Generalitat y el jefe del Consell respondió: «Lógicamente es positiva». Insistió en que los valores que se quieren imponer en la educación pública no son otros que los democráticos y que huyen de la ortodoxia.