Vicent Marzà incita a los directores a cometer irregularidades, según el PP

Si por algo se ha caracterizado el programa Xarxa Llibres es por el «caos organizativo y normativo» que todos los sectores de la comunidad educativa, inclusive las editoriales de libros, han denunciado. El último ejemplo es la instrucción remitida por la Conselleria de Educación en la que se pide que los directores de los centros hagan uso del dinero disponible de los gastos de funcionamiento para pagar los libros hasta que reciban la dotación económica de la administración.

La portavoz de Educación del PPCV, Beatriz Gascó, denunció ayer esta última instrucción, a la que calificó como «un nuevo atropello que invita a la ilegalidad, un engaño a las familias y una indefensión para los centros».

A juicio de la popular las indicaciones contravienen la normativa en materia de regulación económica de los centros educativos. En algunos casos la previsión del pago que tendrán que efectuar supone más de 17.000 euros, cantidad no aprobada por el Consejo Escolar de Centros en las partidas presupuestarias, lo que contradice una orden superior respecto al gasto.

Para que un director realice un pago de esas características necesita la autorización de la dirección territorial y la de la Conselleria de Hacienda, mientras que las instrucciones remitidas por Educación informaban de que la autorización del gasto se realizará mediante la plataforma Ítaca.

En cualquier caso, ante una fiscalización del gasto, el responsable es el director del centro. A juicio de los populares, Marzà está «instando a los directores a que contravengan la normativa, contraten saltándose los trámites y que asuman las responsabilidades en caso de haber una inspección o denuncia de parte de una librería»

Adelantar el dinero y reservar una parte para el funcionamiento del centro resulta casi imposible para aquellos que deben hacer frente a la renovación casi total de los libros 2º y 4º de ESO, y/o que se encuentran en situación de déficit. Además, los municipios con informes negativos de sostenibilidad financiera no han recibido todavía el abono de Xarxa Llibres, por lo que las familias ni siquiera han cobrado la primera fase.

Sólo han participado en el proyecto un 20 por ciento de las familias y de las 300.000 que siguen con la tramitación, «muchas han desistido y otras no han cobrado».

Asimismo, la Confederación de AMPAs Gonzalo Anaya pidió que la Conselleria se haga cargo de los gastos de los bancos de libros, y que no sean los centros los que tengan que adelantar el dinero. Consideran que «se debería de haber planificado mejor para evitar el retraso en la normativa y la falta de fondos». Conselleria parece no haber previsto «la realidad de los centros ni el gasto que supone el cambio de lotes enteros».