Ábalos endosa al PP la responsabilidad del conflicto del taxi y su resolución

Acusa al partido de Pablo Casado de generar el problema al propiciar la llegada de miles de licencias de Uber y Cabify al mercado e insiste en trasladar al Gobierno regional de Madrid la responsabilidad de resolver la crisis en la capital

Si hace unos días el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se mostraba dispuesto a mediar entre los taxistas y la Comunidad de Madrid para resolver el conflicto sobre la regulación de los vehículos de alquiler con conductor (VTC), ayer, en el Congreso de los Diputados, su actitud fue bien distinta. Lejos de propiciar cualquier acercamiento, Ábalos despejó balones fuera. El titular de Fomento descargó sobre los hombros del Gobierno regional cualquier responsabilidad de lo que le pueda pasar en un futuro al sector de los VTC y culpó al PP de haber creado el problema.

El argumento que esgrimió Ábalos para traspasar toda la responsabilidad de la resolución del conflicto de Madrid al Ejecutivo regional es la normativa nacional impulsada por su departamento. En octubre, el Congreso convalidó el decreto-ley que establecía el marco estatal para la prestación de los servicios VTC. Dicha ley faculta, pero no obliga, a aquellas comunidades autónomas que lo deseen a regular desde ya la actividad de estos vehículos en su territorio. Y es esa opcionalidad, según Ábalos, la que puede abocar a la desaparición en la capital de España de los VTC en un horizonte de cuatro años. El ministro recordó que la ley estipula que, por defecto, todos los VTC disponen de una licencia para servicios interurbanos y que dentro de cuatro años los que quieran trabajar en las ciudades necesitarán una segunda licencia municipal. Si alguna comunidad no regula en esa dirección, transcurrido ese plazo, los vehículos de Uber o Cabify se verían obligados a realizar exclusivamente servicios interurbanos. «No me quito responsabilidad, la tengo a nivel estatal. Y si las comunidades autónomas no quieren legislar, las VTC dejarán de operar en cuatro años», insitió Ábalos. «El Ministerio se está ciñendo a sus competencias», dijo, pese a reconocer que la Comunidad de Madrid ya le advirtió en agosto de que no regularía.

A pesar de que el decreto-ley de Fomento sobre los VTC ha propiciado una huelga indefinida del sector del taxi en Madrid desde hace once días y de que Cataluña ha introducido una precontratación del servicio de 15 minutos que ha llevado a Uber y Cabify a cancelar su operativa en esta ciudad, Ábalos está plenamente convencido de que la legislación es la adecuada. En su opinión, España no es una «rara avis» ya que en países como Brasil, EE UU o Alemania las competencias sobre las VTC son de las ciudades, según explicó.

Abundando en su argumento de que tiene la responsabilidad justa en lo que está ocurriendo, Ábalos culpó al PP, y no a la Ley Omnibus de 2009 de José Luis Rodríguez Zapatero que liberalizó el sector, de generar la actual crisis de los VTC. Según dijo, aunque los populares tuvieron la ocasión de blindar por ley la proporción de un VTC por cada 30 taxis en 2012, no lo hicieron hasta noviembre de 2015. En ese periodo, explicó, muchas compañías de vehículos VTC pidieron en los tribunales las licencias que las regiones les denegaron. Y el no tener rango de ley la ratio «facilitó mucho la resolución favorable de los tribunales a estas nuevas autorizaciones». Esto, según Ábalos, ha propiciado que entre 2015 y 2018 se haya «inundado el mercado con hasta 12.000 nuevas autorizaciones». Según el ministro, de no haber dejado el PP esta puerta abierta, el número de licencias VTC estaría en una situación «muy diferente». «No fue la Ley Omnibus la que propició el conflicto sino la decisión del PP de no restringir por ley la ratio 1/30 hasta 2015», resumió.