Así es como Podemos quiere que se coma en la Comunidad

En su propuesta exigen que junto a las máquinas expendedoras se sitúen fuentes de agua con el lema «es la bebida más saludable y sostenible» y que no se compren productos de países en conflicto.

El Grupo Parlamentario Podemos de la Comunidad de Madrid presentó ayer su propuesta de ley para la compra pública alimentaria saludable y sostenible. En este documento plantea qué tipo de alimentos, de procesos de elaboración y de bebidas se deben comprar en centros educativos, hospitales, residencias, centros penitenciarios... En definitiva, en todos los servicios de restauración colectiva que asumen las administraciones regionales.

Y es que, según la exposición de motivos del documento que ha presentado la agrupación morada, «a la alimentación insana se le pueden atribuir en España entre un 40 y un 55 por ciento de las dolencias cardiovasculares, un 45 por ciento de los casos de diabetes y entre un 30-40 por ciento de algunos tipos de cáncer».

La proposición pone un especial foco en la alimentación de la población infantil y juvenil y por eso insiste en «el control de las máquinas expendedoras y de su contenido, así como una mejora de la alimentación de los comedores escolares». En lo que respecta a las primeras, la propuesta determina que «en los centros educativos y centros relacionados con la salud, las máquinas expendedoras sólo podrán vender comida 100% saludable, no pudiendo venderse alimentos ultraprocesados ni los que tengan alto contenido en azúcar o aceites refinados». Asimismo, si se colocan estos aparatos, también «instalarán y mantendrán operativa una fuente de agua potable y de acceso gratuito, ya sea integrada en la máquina distribuidora o en una distancia de hasta dos metros de ésta. Las fuentes deben tener la leyenda: «El agua es la bebida más saludable y sostenible».

En lo que se refiere a las condiciones que Podemos exige para la adquisición de productos determina el «uso exclusivo de aceite de oliva para cocinar, así como su uso en los platos ya cocinados o para ensaladas». También determina que «no podrán servirse más de nueve comidas preparadas al trimestre».

Otra de las condiciones clave para dirimir la compra de uno u otro producto es «la prohibición de incluir entre los productos alimentarios o las bebidas suministradas aquellas que hayan sido elaboradas o que incluyan materias primas extraídas en territorios en conflicto o que estén sometidos a ocupación militar».

En el apartado específico que hace referencia a los centros docentes, la propuesta insiste en la obligatoriedad de facilitar a las familias los menús mensuales «de la forma más clara posible» para que éstas puedan hacer la cena lo más complementario posible y también les prestarán un servicio de asesoramiento sobre qué deben llevar para el recreo. Por su parte, las consejerías competentes serán las responsables de «elaborar un programa de educación para la salud, orientado al fomento del consumo gratuito de agua».