Carmena exigirá el ADN de los perros en la ordenanza de Limpieza

El Ayuntamiento contemplará como infracción la negativa de los dueños a registrar a sus mascotas en el banco genético.

El Gobierno de Manuela Carmena considera «bastante prioritario» combatir la acumulación de excrementos caninos en las calles de la ciudad. Así lo señaló esta misma semana el director general de Servicios de Limpieza y Residuos, Víctor Manuel Sarabia, tras recordar que es una de las suciedades «más alarmantes» para los propios madrileños además de un «residuo desagradable y peligroso». Por todo ello, el Ayuntamiento incluirá en la futura ordenanza de Limpieza y Gestión de Residuos un apartado que estará orientado a incrementar las sanciones a los dueños de animales que dejan abandonadas en la vía pública las deyecciones de sus mascotas.

La Junta de Gobierno aprobó en su reunión de ayer someter a consulta pública esta ordenanza a partir del próximo lunes. Tal y como avanzó la primera teniente de alcalde, Marta Higueras, el consistorio estudia regular a través de esta norma que los propietarios de perros tengan que identificar genéticamente al animal como forma de proteger su bienestar y de favorecer la tenencia responsable, concretamente evitando la no recogida de excrementos caninos. La posible entrada en vigor de este registro de ADN para perros ya fue avanzada por la alcaldesa en la visita que realizó en el mes de enero al distrito de Tetuán. Según Carmena explicó entonces, esta medida es necesaria teniendo en cuenta la dificultad que implica pillar «in fraganti» al infractor: «Aprovechan la oscuridad», aseguró la ex jueza. Una vez esté en vigor, se consideraría una infracción la no recogida de los excrementos pero también la negativa a registrarse en el banco de ADN.

Pese al anuncio realizado ayer por Higueras, desde el área de Medio Ambiente y Movilidad apuntan a que la medida se encuentra en una fase de estudio «muy preliminar». De hecho, como precisó el director general de Servicios de Limpieza, «está por definir su alcance y su forma de implantación». El consistorio tampoco ha comenzado las conversaciones con los sectores que pudieran verse afectados por este proyecto. El estudio que realiza el Ayuntamiento sobre su viabilidad está teniendo en cuenta registros de ADN similares puestos en marcha en ciudades como Málaga, Zaragoza o Meco. «Se están estudiando estas iniciativas para valorar si en todo o en parte son trasladables a la ciudad de Madrid», señaló Sarabia.

Según la actual ordenanza «la persona que lleve a un animal está obligada a proceder a la recogida y limpieza inmediata de las deyecciones, así como a su depósito en los lugares destinados al efecto». Su incumplimiento está considerado como una infracción grave.

Desde su llegada a Cibeles, la de los excrementos en plena calle ha sido una batalla prioritaria para el equipo de Ahora Madrid. En abril de 2016, la alcaldesa anunció su intención de poner en marcha una «enorme campaña de multas», que podrían ser sustituidas por trabajos de limpieza los fines de semana. Según señaló entonces, esta iniciativa comenzaría a las horas de «mayor incidencia por parte de los dueños de estos queridos animales de compañía» en dos de los distritos, Villaverde y Tetuán, más afectados por la presencia de estos residuos. El Gobierno de Carmena también elaboró el primer mapa municipal de excrementos caninos en el que se detallaron las áreas de cada distrito en las que más acumulación de este tipo de suciedad se acumula. En el estudio se incluyó un censo con los 270.281 perros que en ese momento había en Madrid. Una cifra importante si se compara, por ejemplo, con la otra mascota con mayor presencia: 42.791 gatos, según ese registro. Puente de Vallecas, con 22.765 perros, es el que está a la cabeza de este censo, seguido de Latina, Fuencarral, Carabanchel, Ciudad Lineal y Hortaleza, todos ellos con más de 15.000 canes.

Mercadillos y terrazas

Al margen del banco de ADN para perros, la futura ordenanza también podría recoger una regulación para mercadillos y eventos privados en el espacio público, así como la necesidad de instalar papeleras, contenedores de reciclaje o sanitarios químicos en número suficiente para este tipo de actos. Las terrazas y los quioscos, así como otros espacios públicos o de gran concentración de personas, tendrán que instalar ceniceros y papeleras. Para luchar contra los vertidos ilegales, se revisarán las responsabilidades y obligaciones derivadas de la propiedad de solares y edificaciones, y habrá mayor trazabilidad en los contenedores de escombros. El Gobierno también plantea en materia de residuos establecer las nuevas fracciones de residuos a gestionar.