Caso Iveco: El 80% de los compañeros había visto el vídeo de Verónica

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este jueves diligencias previas por el caso de una trabajadora de Iveco que se suicidó

Los compañeros de Verónica de la fábrica de Iveco en San Fernando de Henares se concentran cada día a las 10:00 y a las 19:00 horas en señal de homenaje / Foto: Jesús G. Feria
Los compañeros de Verónica de la fábrica de Iveco en San Fernando de Henares se concentran cada día a las 10:00 y a las 19:00 horas en señal de homenaje / Foto: Jesús G. Feria

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este jueves diligencias previas por el caso de una trabajadora de Iveco que se suicidó

El Juzgado de Instrucción número 5 de Alcalá de Henares ha abierto este jueves diligencias previas por el caso de una trabajadora de Iveco que se suicidó el pasado sábado tras la difusión de un vídeo sexual entre sus compañeros.

Según fuentes del TSJM, una vez que la Policía Nacional ha remitido al juzgado el atestado con las investigaciones realizadas hasta este momento, el juez ha incoado diligencias previas sobre estos hechos, que podrían acarrear la presunta comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos.

Este órgano judicial, que fue el encargado del levantamiento del cadáver por encontrarse de guardia cuando se produjo el fallecimiento, investigará la difusión del vídeo y ha decretado el secreto de las actuaciones.

La Policía Nacional ha estado analizando con lupa las causas del suicidio de Verónica Rubio, la joven de 32 años que se suicidó el pasado sábado después de que un ex novio y compañero de trabajo difundiera un vídeo de carácter sexual y lo viera casi toda la empresa. Eso es lo que creen los investigadores, que ya estarían tomando declaración a los primeros trabajadores de Iveco de la planta de San Fernando de Henares para determinar dónde está el origen de la difusión y concretar cuánta gente lo reenvió, no solo a un grupo de WhatsApp de Iveco, sino probablemente en redes sociales como Facebook.

Al parecer, el vídeo, en el que aparece sola, lo grabó ella misma hace seis años y se lo envió a la persona con quien entonces mantenía una relación afectiva y que también trabaja en la misma fábrica. Esa relación terminó y ella rehizo su vida con un joven con quien se casó hace cinco años y con quien había tenido dos hijos: uno de cuatro años y otro de diez meses. Sin embargo, la semana pasada comenzó a circular este vídeo entre los empleados de la fábrica. Aunque en su entorno se llegó a comentar si había sido ella misma quien, por error, lo envió al teléfono de una persona, este extremo habría sido descartado enseguida y todas las sospechas se centran ya en esta ex pareja, que era el destinatario original de las imágenes.

Los agentes investigan ahora si el joven comenzó a distribuirlo a modo de venganza ante una negativa de ella a retomar una relación o similar, lo que sería un delito de amenazas o chantaje; o si lo hizo «simplemente» con la intención de ridiculizarla. En este caso, tanto él como todas las personas que han ido reenviando y compartiendo por alguna vía el vídeo podrían haber incurrido en un delito contra la integridad moral, que lleva aparejado penas de cárcel de 3 meses a 1 año.

La fiscal de la Sala de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, ya ha solicitado un informe a la Policía para tratar de depurar responsabilidades. Los investigadores tienen ahora por delante la ardua tarea de analizar los terminales móviles y otros dispositivos electrónicos del personal de Iveco para saber exactamente quiénes lo compartieron y, aunque ya saben que no serán los cerca de 2.500 empleados con los que cuenta la planta, fuentes policiales aseguran que podríamos estar hablando del 80 por ciento de la empresa. Es decir, prácticamente todos tendrían conocimiento de la existencia de estas imágenes y del acoso que estaba sufriendo la compañera.

Para analizar esos terminales de forma concienzuda, además de los agentes de la comisaría de Alcalá de Henares (donde se suicidó la chica y, por tanto, quienes comenzaron a investigar), trabajan en el caso los expertos de la Brigada de Investigación de Delitos Tecnológicos (BIT) de la Policía Nacional, a quienes no les supone excesivo trabajo este análisis por mucho que los sospechosos hayan borrado de la memoria del teléfono o de la nube la grabación porque «absolutamente todo queda registrado», aseguran.

Además del ámbito laboral, donde por ahora se centra el grueso de la investigación, los agentes también investigarán las relaciones personales de Verónica. Fuentes cercanas a la joven explicaron ayer que ella «colapsó» el viernes, cuando supo que su actual marido se había enterado de la existencia del vídeo e incluso alguien (podría ser su cuñada) se lo habría enviado. Estas fuentes sostienen que el joven no habría reaccionado bien y que, lejos de apoyar a su mujer, le habría llegado a amenazar con separarse y hasta con quitarle la custodia de los niños. Los investigadores tratarán también este punto porque, de ser así, el marido también podría haber incurrido en un delito dentro del ámbito familiar, si es que puede demostrarse ahora que realizó este tipo de amenazas.

Ataque de ansiedad

Además de su familia y amigos, los compañeros de Verónica están estos días desolados por el desenlace de esta historia y se están concentrando a las 10:00 y a las 19:00 horas en las puertas de la fábrica en señal de luto por lo sucedido. La semana pasada, cuando comenzó su calvario, la vieron «muy nerviosa» ante lo que estaba sucediendo porque muchos compañeros de otras áreas se asomaban a donde ella trabajaba para «poner cara» a la chica del vídeo. El viernes, de hecho, cuando se enteró de que la grabación había llegado a su marido tuvo que abandonar su puesto de trabajo porque «no podía parar de llorar y le dio una crisis de ansiedad», según una compañera. Esa misma tarde la pareja habría tenido una discusión por este motivo y al día siguiente, el sábado, ella decidió ahorcarse en la vivienda que ambos compartían en Alcalá de Henares.

«Vero», como todos la llamaban en la urbanización Parque Henares de San Fernando, donde vivía hasta mudarse a Alcalá, llevaba ya 13 años en la empresa y había ido ascendiendo poco a poco. Ahora estaba en la sección de Ejes y Puentes, donde sus compañeros no hablan de otra cosa y cuestionan si alguien pudo hacer algo más. «El comité ahora dice que va a denunciar a la empresa por no haber hecho nada pero ellos también lo sabían y tampoco hicieron nada. Aquí nadie le dio la importancia que tenía y ahora ya no se puede hacer nada», criticaba un compañero de la fallecida. «Es que nadie pensó que iba a acabar en esto», le contestaba otro a las puertas de la fábrica. En la cabeza de todos, aseguran, están esos dos niños que se quedan huérfanos de madre por no haber podido ayudar a su compañera.

¿Pudo la empresa haber hecho algo por ella?

El sindicato CC.OO. denunciará a Iveco Madrid ante Inspección de Trabajo por no activar el protocolo de acoso sexual y considera el caso como un «accidente laboral». El sindicato informó ayer que se pusieron en contacto con la joven cuando supieron de la existencia del vídeo (otros compañeros aseguran que fue ella quien acudió) y le informaron que podía solicitar a la empresa la activación de este protocolo. Así, dicen que la acompañaron a una reunión con la dirección de la fábrica. En este encuentro, el sindicato sostiene que la dirección dijo que se trataba de un asunto «personal», que quedaba fuera del ámbito laboral, al tiempo que la animaron a denunciarlo en una comisaría. CC.OO. asegura que la empresa no tomó ninguna medida preventiva y que esto ha sido un factor decisivo en su muerte. Otros compañeros aseguran que ella decía que la habían ofrecido cambiar de Ejes a Pintura y en lugar del turno rotatorio, entraría en el de mañana pero ella se suicidó antes de este cambio.

Penas de tres meses a un año de prisión

A raíz del caso de Olvido Hormigos el Código Penal cambió en 2015 y ahora establece una pena de prisión de tres meses a un año al que «sin autorización de la persona, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquella que hubiera obtenido (...) o en otro lugar fuera del alcance de terceros, cuando la divulgación menoscabe la intimidad de la persona». Está aún más castigado si lo realiza la pareja o ex pareja y si la víctima es menor o tiene una discapacidad.