Caso Sandra Palo: un crimen que aún clama justicia

Hoy hace diez años que Ismael Palo, un joven del barrio de Las Margaritas que ahora trabaja en limpieza urbana del Ayuntamiento de Getafe, hizo la comunión. Al volver del banquete, mientras se cambiaban de ropa, una llamada de la Policía les cambió la vida. Sus padres, Francisco Palo y Marimar Bermúdez, fueron a comisaría, donde les preguntaron a qué esperaban para denunciar la desaparición de su hija Sandra, una joven disminuida psíquica de 22 años que la noche anterior no había vuelto a casa. «Me enseñaron sus tacones», recuerda Marimar, «y ya no necesité saber más». Desde ese momento, la lucha de esta familia es conocida por todos, pero ¿qué ha cambiado en todo este tiempo? «No podemos decir que estemos satisfechos. Las autoridades no nos han hecho caso. La reforma de la Ley del Menor dejó de ser una petición nuestra para convertirse en un reclamo de toda la sociedad. En 2005 llevamos un millón de firmas al Congreso y nada», resume Marimar. En 2008 también solicitaron ante el Parlamento europeo que los menores que hubieran cometido delitos muy graves pasaran a la cárcel al cumplir los 18 años, una cuestión que entonces fue admitida a trámite. Pero la realidad es que si volviera a ocurrir otro caso igual, las consecuencias para los asesinos serían idénticas. «Nunca entendimos cómo la Ley puede establecer tres condenas distintas para un mismo delito», explica Marimar. Tres de los cuatro asesinos de su hija eran menores y uno de ellos, además, de 14 años. Sólo uno continúa en prisión. El resto disfruta de la vida en libertad. Y delinquiendo. Esta familia ha ido viendo cómo los tres violadores y asesinos de Sandra que eran menores aquel fatídico 17 de mayo de 2003 han ido saliendo a la calle a pesar de los informes en contra de los psicólogos que advertían de que no estaban reinsertados. Primero, el famoso «Rafita» en 2007, el «Ramón» en 2011 y, hace un año, «Ramoncín». El que sigue en prisión es Francisco Javier Astorga Luque, «El Malaguita», que era el único mayor de edad y fue condenado a 64 años. «Yo ni siquiera tengo una orden de alejamiento de estas alimañas, cualquier día puedo cruzarme con ellos», asegura. Viven cerca. «El Ramón», de 26 años, salió de la carcel de Estremera en junio de 2011 y ahora vive en Carabanchel. La Policía le detuvo junto a su banda hace unos meses por asaltar con machetes 17 tiendas de móviles. Acumulaba 12 antecedentes desde que salió de prisión, en apenas año y medio. «El Ramoncín», de la misma edad, salió de la cárcel de Navalcarnero el 20 de mayo del año pasado y vive entre Vallecas y la Cañada Real. Su salida de prisión fue polémica porque Instituciones Penitenciarias permitió la entrada de un furgón en el recinto para evitar que los periodistas captaran su salida. «El Rafita» ya es de sobra conocido; acumula más de una decena de antecedentes desde que terminó su libertad vigilada (él sólo pasó cuatro años en un centro de menores) y ahora está en busca por un delito contra la seguridad vial. Ha vivido en Alcorcón, la Cañada Real y en Palomeras, donde fue detenido la última vez. También fue criticada una de las salidas del delincuente del juzgado de Alcorcón en verano de 2010, en el maletero de un coche policial.

Historial limpio

«Ya no es sólo que se protege al asesino, es que estos tres individuos pudieron empezar de cero al terminar su condena». «Nunca he entendido que la Ley permita que alguien que ha hecho algo así ser guardia civil, policía o juez. No me entra», dice Francisco Palo. Y es que uno de los puntos más polémicos de la Ley del Menor es que el historial de estos tres jóvenes se borró al cumplir los 18 años. En ninguna ficha policial figura que violaron, atropellaron y quemaron a una joven disminuida hace hoy diez años. Si la sociedad les pone cara, es porque los medios se han encargado de ello.