Chabolas en plena zona financiera

Desde hace meses media docena de filipinos viven entre cartones y hojalata a unos metros de la Torre Picasso. Como éste hay otros 135 asentamientos más, una cifra que Carmena no ha logrado bajar.

¿Cómo llamar a la puerta cuando no hay puerta? Sólo un amasijo de chatarra, plásticos y cartones recreando un caos en el que, casi como en una escena cinematográfica destapando lo mágico del absurdo, se esconde una lámina enmarcada de Las hilanderas de Velázquez. Custodiando la réplica de la obra de arte, un gato negro en una postura tan solemne como pétrea, parece invitarnos a entrar a sus dominios lanzando una mirada triste sobre el único paso abierto en la verja que le acorrala. Caminando por un pequeño sendero enlodado en el que enterradas asoman las páginas de algún libro perdido, el juego de contrastes no puede ser mayor: donde se siente la presencia de quien se esconde bajo un techo endeble, aún se puede oír el bullicio del corazón financiero de la ciudad, porque, allá donde se resguardan entre paredes quebradizas un puñado de personas sin suerte, alcanza aún la sombra proyectada de la imponente Torre Picasso de Madrid.

Desde el pasado mes de junio, este campamento improvisado con retales urbanos en la calle Teruel haciendo esquina con Dulcinea, da cobijo a menos de una decena de personas que, en total situación de exclusión social, han encontrado en este rincón vacío a unos pasos del nudo de negocios de la capital, un suelo sobre el que construir sin cimientos una vida menos inestable que la que les ofrece la calle al desnudo: «Yo antes dormía en un banco cerca de la Parroquia de San Antonio, en Bravo Murillo», explica una de las habitantes del asentamiento ilegal. En la otra cara de la moneda, los vecinos del barrio de Cuatro Caminos observan preocupados como el pequeño refugio, lejos de debilitarse, se perpetúa en el tiempo y en la forma, sospechando temerosos estar asistiendo a la creación de un fuerte de difícil disolución.

Motivados por las quejas y la impotencia de los que día a día conviven con esta injusticia social incapaces de hacer nada más allá que acercarles comida caliente que llevarse a la boca, el Grupo Popular de la Junta Municipal del Distrito de Tetuán presentó en el Pleno del pasado 19 de diciembre una proposición para instar al organismo a tomar las medidas necesarias para acabar con este problema social de doble naturaleza: por un lado, el drama humano de las personas sin hogar; por otro, la perturbación y desasosiego de los ciudadanos. La proposición fue aprobada; sin el apoyo del grupo de Ahora Madrid y sin llegar a conclusiones determinantes sobre la manera de actuación en este solar en propiedad del Banco Popular, fue aprobada con 16 votos a favor y 8 en contra. Sin embargo, ocho meses después de que se registrara la primera denuncia vecinal y cuando han pasado ya dos meses desde la citada sesión plenaria, ¿cuál es la situación? Según Beatriz Elorriaga, portavoz popular en la Comisión Permanente Ordinaria de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, «exactamente la misma o incluso peor, pues no sólo no se ha hecho nada, sino que el problema está aumentando».

Y en efecto, donde antes dormían tres, ahora cohabitan ocho. «Perdonad el desorden, pero con la que ha caído, no hemos tenido tiempo de limpiar», dice una de las mujeres del grupo tras lograr –no con pocos esfuerzos– que saliera titubeando de entre la oscuridad de su humilde morada. Son todos filipinos, la nacionalidad extranjera con mayor presencia en este distrito madrileño, si bien es cierto que su carácter tranquilo y su buen comportamiento les permite pasar desapercibidos entre la población; llevan años afincados en España, rondan los 30 y 40 años y, aunque han trabajado largo tiempo en sectores como el hostelero, tras caducar su documentación, se encuentran en una situación irregular que les ha dejado atrapados entre paredes de plásticos y techos de latón. A medida que el tiempo hace de la visita menos extraña, los chabolistas se entregan a la conversación con dificultad en el lenguaje y entusiasmo en el gesto. En una narración inconexa y en la que cuesta discernir la realidad de la fantasía, dos mujeres bajo una identidad que se esfuerzan por mantener «misteriosa», hacen un breve, pero ilustrativo, recorrido por el campamento: «Dentro no, un delicado olfato no lo soportaría», nos paran a la puerta de casa entre grandes aspavientos. Ellas, como los demás, apenas llevan instaladas en la calle Teruel dos meses, lo que demuestra la tendencia rotatoria de este asentamiento: «Las personas entran y salen en este asentamiento; yo misma lo he podido detectar», afirma Beatriz Elorriaga.

Como éste, a lo largo y ancho de la ciudad de Madrid hay localizados un total de 135 asentamientos ilegales, una cifra lanzada por el Ayuntamiento que se mantiene desde hace casi dos años; no obstante, fuentes del Área de Derechos Sociales del consistorio informan de que el número de habitantes de estos poblados sí ha disminuido en centenas de personas para situarse ahora en los 1.072 individuos. Unos datos sobre los que, para su correcta interpretación, cabe hacer dos apreciaciones: en primer lugar, quedan excluidos de este recuento de asentamientos la Cañada Real y El Gallinero por sus características especiales; en segundo lugar, el número de personas sin hogar en Madrid es mucho mayor al indicado aquí, pues no todos viven en este tipo de agrupaciones –a modo de muestra, podemos referir que sólo Cáritas atendió el último año a más de 2.000 indigentes–. En este sentido y de cara a atajar esta crisis social en apoyo al Samur Social y demás organizaciones, en mayo de 2016 en Pleno Extraordinario, los grupos de la oposición presentaron una Estrategia integral municipal para acabar con los asentamientos chabolistas que, para sorpresa de PP, PSOE y Cs, fue rechazada por Ahora Madrid. «Mesas y más mesas en las que se habla, pero de las que nunca se pasa a la acción», denuncia Ignacio Benito, miembro socialista de la referida Comisión de Asuntos Sociales en referencia a las únicas dos reuniones que se llevaron a cabo tras la constitución de una comisión especial que acabó siendo inútil; «el tiempo ha demostrado que la característica principal de este Gobierno en términos sociales es la inacción», concluye Elorriaga.

Mientras, en Tetuán, las miradas de recelo se cruzan entre los que pasan fuera de la alambrada y los que malviven de puertas para adentro, aseguran con lágrimas en los ojos y la voz quebrada que será una etapa temporal de su existencia: «Nadie querría venir a morir aquí».

El realojo, principal punto de discrepancia política

Una de las medidas fundamentales de la estrategia integral municipal para atacar el problema de los asentamientos ilegales en Madrid propuesta por el Partido Popular y apoyada por el Partido Socialista y Ciudadanos hace casi dos años, era la de la redacción de un plan de realojo.

Recientemente, la Comunidad de Madrid ha aprobado un proyecto de Decreto en estos términos, por el que se establecerán una serie de requisitos comunes a cumplir para poder acceder al realojo en vivienda social de la región. Entonces, ¿por qué esta idea no tiene solución en el Ayuntamiento de la capital? El desacuerdo de los distintos grupos en esta materia es especialmente notable, siendo la principal preocupación de algunos el peligro potencial de conformar así guetos o, como lo denomina Ahora Madrid, de acabar apoyando el «chabolismo vertical». La popular Beatriz Elorriaga, quien presentó en el Pleno Extraordinario la estrategia, concuerda en dichos riesgos, pero asegura que podrían evitarse con «equipos de educadores» que velen por la integración de estas personas una vez realojadas. Su compañero en la comisión, el socialista Ignacio Benito, insiste también en que esta política no consiste en regalar «una casa para todos», sino de ayudar a salir de su exclusión social a personas sin hogar.