Cifuentes lleva a la Fiscalía el Campus de la Justicia de Aguirre

Denuncia «incumplimientos sistemáticos» en la gestión del proyecto y plantea que la Comunidad se presente como acusación particular en un caso la oposición ya llevó a la Justicia.

En medio de la crisis por el «caso máster» de Cristina Cifuentes, el Gobierno que preside anunció ayer que ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado el Campus de la Justicia, un macroproyecto que quiso llevar a cabo su compañera de partido, Esperanza Aguirre, que hizo aguas por la crisis económica y que pretendía aunar en Valdebebas todas las sedes judiciales de la Comunidad.

El Ejecutivo ha decidido dar este paso después de que obtener un informe de la Abogacía General sobre el proyecto en el que se detectan incumplimientos «sistemáticos» de las normas de contratación pública y contabilidad. Las conclusiones de la Abogacía parten de un documento realizado por la Cámara de Cuentas sobre la gestión del polémico Campus, entre 2005 y 2015, por parte de la sociedad pública Campus de la Justicia de Madrid, S.A., cuya gestión, según este documento que se publicó el 22 de marzo, está plagado de irregularidades. El Ministerio Fiscal dederá decidir ahora si hay indicios de criminalidad y en ese caso si lo remite al juzgado, momento en el que el Gobierno de Cifuentes podría personarse como acusación particular, como ya hicieron en el «caso Púnica».

La oportunidad del anuncio de una nueva denuncia del Ejecutivo regional ante la Fiscalía –ya se produjo con el Canal de Isabel II– contra la gestión de esperanza Aguirre e Ignacio González al frente de la Comunidad no ha pasado desapercibida para la oposición. Hasta ahora el PP sólo había admitido «descontrol administrativo» en torno a los documentos y archivos del Campus de la Justicia de Madrid (CJM), sin embargo el partido se negó el pasado mes de marzo a unirse a PSOE, Cs y Podemos en la denuncia que éstos trasladaron a la Fiscalía con las conclusiones de la Comisión sobre la Deuda de la Asamblea de Madrid en las que ya se advertía de diversas irregularidades y un «quebranto patrimonial» para los madrileños, según su cáculo, de más de 130 millones de euros.

Desde el Ejecutivo de Cifuentes se defendió ayer que no se unieron a la denuncia de la oposición porque hasta la pasada semana no recibieron el informe de la Abogacía en el que, según informaron, «se acredita de modo objetivo que la gestión del Campus ha sido realizada de forma irregular en términos generales», tal y como había señalado la Cámara de Cuentas.

Las irregularidades

Este organismo de control externo del presupuesto regional quiso señalar como primer punto de sus conclusiones las «limitaciones» que se encontró para fiscalizar el proyecto debido «a la ausencia de buena parte de la documentación justificativa». No obstante, con la documentación obtenida, la Cámara detectó importantes irregularidades en el capítulo de personal de la sociedad pública que gestionó el proyecto. Así, la institución fiscalizadora explica que existió una «desproporción» entre el personal directivo y los auxiliares (en 2007 la nómina estaba compuesta por siete directivos y tres administrativos). En 2008, con una plantilla total de once personas, CJM contó con un director y dos subdirectores de seguridad con una retribución mensual conjunta de 14.000 euros. Advierte además del «importante gasto» en la contratación de empresas externas «para labores de pura gestión ordinaria».

En 2009, cuando hacía un año que la actividad de la empresa había comenzado a paralizarse, la nómina media alcanzó los 5.000 euros, doblando las retribuciones establecidas para el personal de servicio de las administraciones públicas y llegando a alcanzar en algunos casos «incrementos de hasta el 80 por ciento en la vida de la sociedad». Además, el informe destaca que CJM, como empresa pública, nunca aplicó a sus trabajadores la reducción salarial del 5 por ciento aprobada en un Real Decreto de 2010 para reducir el déficit público.

La cosa no queda ahí: los inspectores han detectado que en los despidos que se produjeron durante el periodo fiscalizado (2005-2015) las indemnizaciones fueron superiores a las establecidas en la normativa laboral, de hasta 60 y 80 días por año trabajado, y que en algunos casos «la cantidad indeminizadora abonada duplica a la que el trabajador firmó como de conformidad en su liquidación». Otra de las irregularidades confirmadas es que, tras su despido, CJM abonó un máster MBA de 37.000 euros a un empleado que lo cursó un año antes. La inspección también ha encontrado incongruencias en las cuentas recogidas como «otros gastos de explotación» y detalla que 2,5 millones de euros «no pudieron ser localizados», que se gastaron 3,6 millones en publicidad y promoción de los que «no consta ni el contrato ni la copia de las inserciones concretas», o que desde 2008 un fotógrafo comenzó a percibir un sueldo de 3.500 euros mensuales «sin que exista justificación sobre la efectividad de los servicios prestados» ya que «no se ha localizado ningún contrato».

También han logrado encontrar una factura de 2011 en la que se abonan 60.000 euros a una consultora por un informe «que no encaja en el objeto estatutario de la sociedad». «Es evidente la innecesidad de encargar un informe cuando la sociedad se encontraba en fase liquidadora», añade la Cámara de Cuentas sobre este caso concreto. En materia de contratación los inspectores han encontrado que nunca hubo en la Ciudad de la Justicia «un sistema de control interno sólido que garantizase el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables a estos procedimientos». Indican que «CJM se limita a indicar en los expedientes un importe a tanto alzado sin explicar los cálculos» y que no se salvaguardaron en «en ninguno de los expedientes de contratación» los principios de la contratación pública, «fundamentalmente la oferta económica». Como ejemplo, aseguran que en algunas licitaciones se solicitaron tres ofertas para dar una apariencia de concurrencia que no se produjo realmente porque, añaden los inspectores, «las proposiciones pertenecen a empresas vinculadas entre sí».

En materia de control económico-financiero apunta a que desde la Intervención General de la Comunidad de Madrid «no se llevó a cabo un control financiero interno de carácter permanente» y que su vigilancia sobre una empresa que carecía de órganos internos de control económico-financiero se limitó a «informes puntuales».