Cifuentes «reajusta» la segunda línea de su Gobierno

Sustituye a 14 altos cargos para «estimular» a su equipo y anuncia que hará más cambios.

Apenas han transcurrido 16 meses desde su toma de posesión y ayer la presidenta de la Comunidad de Madrid ya ha sufrido su primera «crisis de Gobierno» en las segundas escalas del Ejecutivo regional. En concreto, Cristina Cifuentes aprobó en el Consejo de Gobierno de ayer hasta 14 nuevos nombramientos en viceconsejerías, direcciones generales y en entidades dependientes de la Comunidad como Metro o el Consorcio de Transportes. Unos cambios que, explicó la líder autonómica, servirán para cubrir las vacantes que han dejado en su equipo algunas personas que han sido fichadas por el Ejecutivo de Rajoy. Pero no es el único motivo, Cifuentes, dijo, busca con el «reajuste» dar un «nuevo impulso a la acción de gobierno» y avisó a aquellos que estuvieran pensando en acomodarse: «No va a ser la primera vez que lo hagamos. Tengo la intención de hacer este tipo de cambios de manera periódica», explicó Cifuentes, que defendió su lista de ceses y nombramientos como «algo sano» que sirve de «estímulo para trabajar con muchas ganas y con una actitud positiva».

Los cambios más importantes se producen en las viceconsejerías de Economía y Cultura, donde Javier Ruiz Santiago se ocupará del área de Economía e Innovación –que aún estaba vacante– y en el departamento que se encarga de la Educación no universitaria, Juventud y Deportes, del que se hará cargo Cristina Álvarez, que deja la dirección general de relaciones con la Asamblea.

Por su parte, Borja Carabante, que ya fue viceconsejero de Transportes la pasada legislatura, ha sido elegido nuevo consejero delegado de Metro en sustitución de Juan Bravo, que ya ha debutado como presidente de Adif. Este ascenso obliga a Carabante a salir del equipo de Esperanza Aguirre en el PP del Ayuntamiento de Madrid donde, hasta ayer, era concejal. Diego Sanjuanbenito, que fue delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Gobierno de Ana Botella será ahora director general de este mismo área en la Comunidad.

45.000 euros por delitos odio

Además, el Consejo de Gobierno dió luz verde al proyecto de Ley de Protección contra las Acciones de Incitación al Odio. La nueva normativa, que está pendiente de su tramitación parlamentaria, contempla sanciones de hasta 45.000 euros para aquellas acciones que inciten al odio bien sea por racismo, nacionalidad, aporofobia, disfobia, enfermedad, religión, creencia, ideología, sexo, orientación sexual o identidad de género. Podrán ser objeto de multa todas aquellas actitudes que supongan discriminación o intolerancia contra otras personas. En el marco de esta norma –que busca, según Cifuentes, hacer de la región un «espacio de igualdad y no discriminación»–, la Comunidad elaborará un protocolo de atención a las víctimas. Las infracciones podrán ser leves, con multas de hasta 3.000 euros; graves, de entre 3.001 y 20.000; y muy graves, desde 20.001 hasta 45.000 euros. El grado dependerá de los daños causados, la permanencia de las repercusiones, el número de personas afectadas, la intencionalidad del infractor y la reincidencia.