El calendario de declaraciones por este caso se retoma hoy en el Juzgado de Instrucción número 5 de Parla. A lo largo de la mañana deberán declarar como imputados el concejal de Seguridad y Personal en los años de la polémica, Mariano Sánchez Toribio, y el asesor municipal Víctor Berastegui. Ambos acudirán al juzgado en calidad de imputados. Se suman así al alcalde, José María Fraile, y a la ex técnico de relaciones laborales del consistorio, Susana Giral.

La comparecencia de Mariano Sánchez Toribio se antoja clave, ya que fue él, como responsable del área de Personal, el que se reunió con la Delegación del Gobierno y recibió el traslado de suspender los puntos «ilegales» del convenio colectivo. El argumento de la Delegación en esta reunión fue claro: algunos de los puntos del convenio excedían las competencias atribuidas al Ayuntamiento en materia de personal. Según su relato de los hechos, Sánchez Toribio dio traslado inmediato de aquella reunión a Fraile. El responsable de Personal afirmó desconocer, sin embargo, si el alcalde puso en conocimiento de ello al PSM y, por tanto, al anterior primer edil, Tomás Gómez.

Tras aquella reunión, este edil fue el encargado de liderar las negociaciones con los sindicatos para dejar sin efecto los puntos del convenio que debían ser anulados. Unas conversaciones en las que, según el ex concejal, los sindicatos no pusieron grandes obstáculos.

Precisamente Sánchez Toribio reconoció a LA RAZÓN el pasado mes de marzo –un día antes de que José María Fraile declarara como imputado– que «los complementos fueron anulados por la Junta de Gobierno pero se siguieron abonando, ya que, en palabras del edil, «la orden de pago la da el alcalde».

Respecto a por qué se siguieron pagando, el ex concejal de Personal sugirió a este diario que «Fraile no quería enfrentarse a los sindicatos».