Dignidad y Justicia exige que no se cierre el «caso Zapata»

Reclama a la Audiencia Nacional que Policía y Guardia Civil amplíen sus informes sobre los polémicos tuits antes de sentar en el banquillo al edil

Dignidad y Justicia (DyJ) no quiere que se cierre el «caso Zapata» sin que la Policía y la Guardia Civil informen por escrito al instructor de la causa, el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, de «las circunstancias y contexto» en los que se produjo la publicación del polémico tuit sobre Irene Villa que sentará en el banquillo al concejal de Ahora Madrid acusado de un delito de humillación a las víctimas. Casi al mismo tiempo que la Fiscalía solicitaba ayer el sobreseimiento de las actuaciones contra Guillermo Zapata, la asociación que preside Daniel Portero recurría en apelación a la Sala de lo Penal solicitando a la instancia superior al instructor que revoque su resolución del pasado día 12 –en la que daba por concluida la investigación y procesaba a Zapata obligado por la Sección Segunda– y reclame a las Fuerzas de Seguridad la ampliación de sus informes, una diligencia a la que se opuso Pedraz en la recta final de la instrucción.

En su escrito –al que ha tenido acceso LA RAZÓN– DyJ justifica la necesidad de aplazar el cierre de la investigación en la importancia de determinar el «contexto y circunstancias» en que Zapata escribió su polémico tuit («han tenido que cerrar el cementerio de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos»). Y es que, recuerda, el propio concejal del equipo de gobierno de Manuela Carmena declaró ante el juez que publicó esos tuits «en el contexto de un debate sobre la libertad de expresión» con la intención de señalar el diferente efecto de decir una cosa en privado o subirlo a la red.

La abogada de Dignidad y Justicia, Vanessa Santiago, considera pertinente esclarecer este extremo porque Zapata no explicó «por qué junto con esos tuits no aparecían los explicativos de ese debate y su idea de señalar que dichos comentarios eran intolerables».

Aunque el concejal cerró su cuenta en Twitter tras la polémica, DyJ afirma que «pueden existir las publicaciones del mismo en las cuentas de los usuarios a las que éste contestó», por lo que pide también a la Audiencia que reclame a los responsables de la red social «si existe la posibilidad de recuperar el historial». Con la intención, recalca, de acreditar si los mismos «formaban parte de un debate sobre la libertad de expresión».

DyJ resalta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo exige determinar «las circunstancias» en las que se ha producido el supuesto acto humillante para esclarecer si realmente hay intención de ofender a las víctimas.