Doble revés a Carmena por los pisos turísticos y Madrid Central

El TSJM falla en contra de la moratoria para abrir nuevas viviendas de uso vacacional en Centro. Los empresarios denuncian que el 53% ha destruido empleo en la nueva APR.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado la moratoria que el Ayuntamiento de Madrid aprobó en febrero de 2018 como paso previo a la tramitación del Plan Especial para regular las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en el distrito Centro y en barrios de otra decena de distritos de la capital. Responde al recurso que la asociación de propietarios y gestores de pisos turísticos, Madrid Aloja, interpuso a una sentencia anterior en primera instancia que sí respaldaba la actuación del Gobierno de Manuela Carmena.

Sin embargo, el TSJM considera inadecuado dicho fallo previo, lo revoca, y anula la moratoria que, además, el Consistorio madrileño tuvo que prolongar el pasado enero al no haber aprobado a tiempo el Plan Especial de Hospedaje, que finalmente fue refrendado por el pleno en marzo. Además, en la sentencia, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, el alto tribunal responde también al Consistorio que pese a que en julio de 2018 se inició formalmente el trámite del Plan Especial, no desaparece el objeto de recurso, que era la moratoria, puesto que ésta tenía como objeto precisamente, evitar que hubiera conflictos al estar tramitándose una nueva normativa que afectaba a la concesión de licencias de pisos turísticos.

Los magistrados abundan en su fallo que la regulación de las VUT estaba ya plenamente amparada por la regulación de la Comunidad de Madrid y el Plan General de Ordenación Urbana –instrumento al que aludió el Ayuntamiento para hacer la moratoria–. Y añaden que ya existía un mecanismo de control municipal para ello, en concreto la declaración responsable, previa a la inscripción en el Registro de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid.

De hecho, el TSJM alude precisamente a esta regulación previa para considerar que no existe «una especial consideración digna de protección específica que refuerce un interés público que se pueda ver afectado por la continuidad de una actividad que reúna los requisitos legales para su implantación y sí, por el contrario, los intereses privados legalmente obtenidos se verían cercenados indiscriminadamente por una suspensión generalizada del uso, que no sólo dé la tramitación de la correspondiente licencia municipal que pudiera requerirse».

Finalmente, los magistrados consideran que el Ayuntamiento de Madrid ha realizado «una suspensión indiscriminada de usos del suelo y tramitación de licencias fuera de cualquier formulación de un instrumento de planeamiento», lo cual, «independientemente de su legalidad o no, determina la imposibilidad bien de continuar en el ejercicio de una actividad que venía siendo legal o bien la imposibilidad de acceder a ella».

A falta de conocer si desde el consistorio madrileño se va a interponer o no un recurso de casación, desde Madrid Aloja señalan que esta sentencia beneficia especialmente a aquellos que pidieron la licencia entre enero y julio de 2018, cuando se hizo la aprobación inicial del Plan Especial, puesto que para esos meses el TSJM confirma la suspensión de la moratoria.

Pérdidas de empleo

El judicial no ha sido el único varapalo que la gestión de Carmena en el distrito Centro recibió ayer. Cinco de cada diez empresas que trabajan en el área restringida de Madrid Central han recortado o destruido empleo.

Ésta es una de las principales conclusiones del estudio que ha realizado la Plataforma de Afectados por Madrid Central utilizando los datos de las declaraciones del IVA del primer trimestre de 2019 y que ha contado con el apoyo de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). «Han participado 250 empresas y los datos que hemos obtenido marcan tendencias que debemos tener en cuenta», afirmó en su presentación Vicente Pizcueta, portavoz de la entidad.

Ahondando en los resultados de la encuesta, un 77 por ciento de las empresas consideran que su situación económica es peor o mucho peor que en 2018. En cuanto al nivel de pérdidas económicas, el 44 por ciento refleja en sus declaraciones una caída de más del 9 por ciento durante este primer trimestre del año. Y estas reducciones afectan directamente al empleo: «El 53,9 por ciento de las empresas de Centro han reducido las jornadas de trabajo o han destruido empleo», insistió Pizcueta. «Los datos son preocupantes, por eso debemos buscar una solución», añadió.

El comercio de proximidad, el que quieren mantener todas las ciudades, es el que más ha notado el bajón de ventas. «En estos primeros tres meses he perdido más de 20.000 euros, alrededor de un 21 por ciento», afirma Isabel García, mientras muestra sus declaraciones del IVA. Además de ser la portavoz de los comerciantes de Lavapiés, tiene una tienda de muebles en la calle Argumosa. «Desde noviembre, cuando pusieron en marcha Madrid Central, el efecto disuasorio no ha dejado de crecer. Nadie se atreve a cruzar las dos líneas rojas», asevera. Denuncia que «este Ayuntamiento está consiguiendo lo contrario de lo que promulga. Estamos sufriendo una mayor gentrificación. Nuestros barrios se están destruyendo porque se están cargando el pequeño comercio, la base social».