El Ayuntamiento impulsará una doble licencia para los vehículos con chófer

La legislación que regula el sector de los vehículos de alquiler con conductor –los conocidos como VTC– establece que sólo debe darse una autorización por cada 30 taxis. La realidad en las calles de la ciudad de Madrid, sin embargo, es muy distinta ya que actualmente hay un VTC por cada 6,8 taxis. Esto se debe fundamentalmente a que la Justicia –como recientemente ha ocurrido con un fallo del Supremo– se está viendo obligada a autorizar nuevas licencias porque éstas se pidieron antes de que en 2015 el Gobierno central desarrollara el reglamento para este tipo de vehículos. El sector de taxi –que se manifestará en la capital esta semana de nuevo– advierte de la amenaza que esta situación supone para el futuro de cerca de 16.000 personas en Madrid. No en vano, la previsión es que el número de licencias VTC pueda dispararse desde las 2.522 actuales hasta las 6.000 si, tal y como se da por sentado, las sentencias judiciales todavía pendientes se resuelven en el mismo sentido que acaba de hacerlo el TS. Si ello se produce, estaríamos ante un escenario en el que, según advierte el Ayuntamiento, habría un VTC por cada dos taxis.

Con el fin de poner coto a este crecimiento, el PSOE en el Ayuntamiento de la capital llevará al Pleno de este miércoles una proposición que previsiblemente saldrá adelante y que busca equiparar el sector de los vehículos con conductor con los taxis al menos en el número de autorizaciones que debe solicitar a la administración para su funcionamiento. Actualmente los taxis deben solicitar dos licencias: una municipal y otra estatal. Lo que el concejal del PSOE Chema Dávila defenderá esta semana ante el resto de grupos es que el consistorio impulse también esta doble licencia para los VTC. Ahora mismo, estos vehículos sólo necesitan una autorización estatal para trabajar. La iniciativa socialista plantea que el Ayuntamiento inste a la Comunidad a que modifique la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos para obligar a los VTC a que cuenten con una autorización de funcionamiento específica para la prestación del servicio de transporte urbano. La propuesta deja la puerta abierta a que el Gobierno regional pueda delegar la competencia de otorgar esta segunda autorización en los ayuntamientos. En todo caso, la moción recoge la necesidad de que el consistorio afectado deba informar previamente sobre estas licencias con el fin de valorar «la incidencia de su concesión sobre el servicio público del taxi, la movilidad, el medio ambiente y sobre cualquier otro aspecto que se estime relevante». Dávila considera que la Comunidad de Madrid debe dar este paso al tener «capacidad legislativa para ello» ya que el Estatuto de Autonomía recoge que es competencia exclusiva del Gobierno regional la ordenación del transporte urbano.

La moción del grupo socialista también contempla instar al Ministerio de Fomento a modificar la legislación estatal que desarrolle las condiciones aplicables a los VTC sobre el origen, el destino o el recorrido de sus servicios.