Política

El fondo que compró deuda del tranvía de Parla, al rescate de Gómez

La Razón
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Fue su proyecto más ambicioso, pero el tranvía de Parla se ha convertido en el mayor quebradero de cabeza para Tomás Gómez, secretario general de los socialistas madrileños y candidato a las elecciones autonómicas de mayo. Dos causas judiciales investigan por qué un proyecto que estaba presupuestado en 93,5 millones de euros terminará costando a las arcas públicas casi el triple y por qué el Gobierno municipal de Gómez aprobó obras adicionales que supusieron un sobrecoste de 60 millones. El Juzgado Contencioso Administrativo número 31 de Madrid investiga desde hace un año y medio la denuncia presentada por el Partido Popular en torno a estas irregularidades. Y ahora el fondo de inversión de Luxemburgo Sagasta Corporate Finance –que invirtió en 2013 casi 73 millones de euros para especular con la deuda que el consistorio mantiene con la adjudicataria– ha solicitado su personación en la causa. Lo hace para alinearse con la posición del Ayuntamiento de Parla y con la empresa Tranvía de Parla S. A. y en contra de la denuncia del PP. El objetivo de su personación no es otro que garantizar el beneficio de su operación: compró 73 millones en facturas que el consistorio seguía sin abonar a la adjudicataria entre los años 2012 y 2015 y por las que, sin embargo, se comprometió a pagar sólo 60 millones. De esta forma, en el momento que el Ayuntamiento termine de pagar las facturas, que ahora abona directamente al «fondo buitre», éste obtendrá un margen de beneficios de 13 millones de euros. Si la Justicia, sin embargo, termina dando la razón al Partido Popular en su denuncia, este negocio puede irse al traste. Tal y como ha podido confirmar este diario, Sagasta Corporate decidió personarse en la denuncia la pasada semana para así, como parte en el proceso, defender su porción de la deuda.

Ésta es la segunda decisión que los responsables jurídicos del fondo luxemburgués toman en los últimos meses para tratar de «blindar» su margen de beneficio en la operación. El pasado mes de noviembre, Sagasta Corporate Finance denunció en este mismo juzgado al propio ayuntamiento. El fondo exigió entonces «medidas cautelares» contra el Ayuntamiento, al que exigió el pago de 29 millones. Esta denuncia fue presentada en el juzgado número 31 el mismo día en el que Beatriz Arceredillo tomó posesión del cargo de alcaldesa en sustitución de José María Fraile, implicado en la «operación Púnica».

Con su nueva maniobra en los juzgados, Sagasta Corporate busca que las arcas municipales terminen pagando de forma efectiva los cerca de 300 millones de euros por el tranvía. Y todo ello llega también después de que el Pleno municipal, en una sesión celebrada en el mes de enero, aprobara anular los acuerdos que triplicaron el coste de la infraestructurapor ser «lesivos» para el Ayuntamiento y por haber sido adoptados de forma irregular por la Junta de Gobierno. Fuentes municipales apuntan a que todos «movimientos» que se han precipitado alrededor del tranvía de Parla después de que Fraile abandonara la alcaldía han llevado al fondo de Luxemburgo a adoptar medidas que antes se había reservado tomar, a pesar de que el anterior primer edil tampoco cumplía con el calendario de pago.

La otra causa es la que permanece abierta en el Juzgado ed Instrucción número 5 de Parla, tras una denuncia de la Fiscalía. El titular de este juzgado ha pedido a la Udef que investigue el sobrecoste en las obras del tranvía así como las conexiones entre miembros del PSOE y responsables de la adjudicataria. Tal y como informó ayer El País, el informe de la UDEF ve «necesario determinar este tipo» de vínculos y solicita la ayuda de la Seguridad Social y de la Intervención General del Estado.