Esmasa no sanciona al empleado que amenazó a un discapacitado

La empresa pública de Alcorcón está personada en el proceso judicial de este caso.

Aunque la instructora del expediente indagatorio propuso imponerle una sanción «muy grave», el trabajador de la empresa municipal de recogida de basuras de Alcorcón (Esmasa) que amenazó con pegar a un compañero con una discapacidad el 44 por ciento quedará impune. Al menos, a nivel interno, ya que la vía judicial sigue abierta. La dirección de esta empresa pública está compuesta por tres concejales del PP y uno de cada partido con representación municipal: PSOE, Ciudadanos, Ganar Alcorcón e IU. Ayer, el presidente y los otros dos concejales populares propusieron la medida más extrema de sanción, el despido, y el resto de concejales decidieron abstenerse, por lo que no se llegó a ningún acuerdo y, finalmente, no se amonestará de ninguna forma al trabajador que insultó e instó a pegarse fuera de la empresa a su compañero. «Sal fuera, que te voy a arrancar la cabeza de muñeco esa que tienes», le espetó.

Esta ausencia de reprobación por parte de una empresa pública a estas conductas agresivas contrasta con dos hechos: Esmasa está personada como acusación popular en el proceso judicial que enfrentará este viernes a los dos empleados y, además, la empresa acaba de aprobar un protocolo «de actuación frente a la violencia, la discriminación y el acoso moral, acoso por razón de sexo y acoso sexual en el trabajo». La incongruencia de que la empresa no sancione al trabajador a nivel interno pero pretenda que lo haga un juez se debe, según fuentes municipales, a que es el presidente de la misma quien decide a qué procesos judiciales se presenta la entidad pública y no debe someterse a votación de con el resto de concejales. Por otra parte, a este trabajador discapacitado de 42 años y con más de una veintena trabajados en Esmasa, no se le ha aplicado este protocolo que precisamente persigue el «mobbing», según explicó su presidente, Ignacio Velayos.

Hay que resaltar que en la votación de la sanción de ayer en Esmasa se abstuvieron todos los concejales de este «tribunal» exceptuando el de Ciudadanos, Alfonso Reina, que salió fuera, al considerarse que era «parte» en todo el asunto que se iba a «juzgar». Y es que Reina trató de convencer a la víctima de que hablara con su supuesto agresor y no continuara por la vía judicial minimizando los hechos a «un calentón». «Sabes que X, aunque a veces se calienta, nunca te haría nada». «Jo, nene, intenta salvar esto... Ayúdame a solucionarlo please», le escribió vía WhatsApp. También creó un grupo entre el presunto agresor, la víctima y él que se llamaba «Lo arreglamos o lo arre», en el que les instaba a que lo solucionaran sin juicios de por medio.

Este afán e interés en disuadir a la víctima de denunciar los hechos podría no ser del todo compatible con la condición de Reina de concejal público y miembro del consejo de la empresa. De hecho, podría haber incurrido en un delito de omisión del deber de impedir delitos y de promover su persecución, especificado en el artículo 450 del Código Penal.