González se reivindica como candidato con una Ciudad de la Justicia para 2019

A seis meses de los comicios autonómicos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid busca acelerar en este tiempo la unificación de los órganos judiciales en un solo punto de la ciudad. El anteproyecto de la Ciudad de la Justicia, esbozado por Ignacio González en el Debate sobre el Estado de la Región del pasado septiembre, inicia desde hoy una nueva etapa con su públicación oficial para que, durante el próximo mes, profesionales, empresas y ciudadanos puedan presentar las alegaciones y aportar las ideas que consideren oportunas. El impulso a esta vieja reivindicación de toda la comunidad jurídica madrileña se ha convertido, en este contexto preelectoral, en un empeño de Ignacio González, pero también en una muestra del proyecto que propone para el futuro de la región. El calendario con el que trabaja la Consejería de Justicia para el desarrollo de esta «ciudad» así lo subraya: la adjudicación de las obras podría realizarse en julio de 2015 y su puesta en funcionamiento no debería situarse más allá del verano de 2019. Tal y como informó ayer LA RAZÓN, Ignacio González se ha consolidado en Génova como el candidato mejor situado para encabezar la lista del PP para las autonómicas de 2015 y, con ese horizonte, busca terminar de apuntalar la idea de que Madrid, una vez superada la crisis, ya afronta un nuevo ciclo de inversiones como la Ciudad de la Justicia.

Frente a esta idea, la oposición critica que el Gobierno del PP «hipoteque» al futuro Gobierno con este proyecto al tiempo que reclaman que lo aparque hasta después de las elecciones. Fuentes del Ejecutivo, por su parte, insisten en que «gobernarán hasta el último día» y que «no hay motivos» para aplazar durante otro año esta iniciativa ya que «perdería interés».

El anteproyecto de la Ciudad de la Justicia que hoy se publica demuestra el peso que podrá llegar a tener en la economía de Madrid. Permitirá, según los cálculos de la Comunidad, la creación de 40.000 empleos, entre directos e indirectos, de los que cerca de 9.000 serán cualificados. Al margen de que esta infraestructura permitirá agilizar el funcionamiento de la Justicia en un 20%, el impacto económico de su construcción, en la que trabajarán más de 2.000 personas, se traducirá en un incremento de una décima del PIB cada uno de los cuatro años que dure su edificación. Y cuando la ciudad ya esté operativa, el PIB se incrementará un 1,1%, con una mejora de la actividad económica de 1.932 millones. Sólo en sedes judiciales, se construirán 206.000 metros cuadrados –frente a los 154.000 metros cuadrados que ocupan en la actualidad los 356 órganos dispersos a unificar–, que se verán complementados por otros 60.000 metros cuadrados para infraestructuras y servicios auxiliares. Respecto a esta superficie, la concesionaria tendrá la obligación de proporcionar unos mínimos exigidos por la Comunidad en materia de hostelería, correos, reprografía y farmacia. Fuera de estos ámbitos, podrá externalizar el espacio que considere oportuno, dentro de esos 60.000 metros cuadrados, para otros negocios.

El Plan Económico del Anteproyecto –en cuya elaboración llevan meses trabajando 15 personas de la Consejería de Presidencia y Justicia– establece que la concesión administrativa para el diseño, la construcción y el mantenimiento de este macrocomplejo durarán 30 años, que empezarán a contar desde el día que se adjudiquen las obras. Las obras se prolongarán durante cuatro años, pero la Comunidad no empezará a pagarlo hasta que el recinto pueda abrir y esté operativo. Un momento para el que se baraja como una fecha razonable el mes de julio de 2019. La construcción de la ciudad tendrá un coste entre los 480 y 490 millones y el canon anual que la Administración regional pagará a la concesionaria rondará los 45 millones. Será, por tanto, un canon lineal por alrededor de ese importe durante 26 años. Pasado este tiempo, todos los edificios pasarán a ser propiedad de la Comunidad.

Desde el punto de vista del ahorro, la Ciudad de la Justicia –que se estructurará por áreas: Penal, Civil, Social, Mercantil– plantea importantes avances. Frente a los 45 millones anuales del canon, la Comunidad gasta más dinero actualmente en sus sedes judiciales: 28 millones en alquileres, 6 millones en la factura de la luz, 15 millones en envíos postales y taxis, a lo que se une el gasto en mantenimiento, la limpieza y la seguridad de los 28 edificios. La previsión de construir una minicentral permitirá ahorrar en la factura energética.

Otro de los aspectos novedosos del anteproyecto radica en que se prevé dejar una zona libre por si la ciudad de la Justicia necesita instalaciones complementarias en el futuro. Se establece asimismo la obligación de que la constructora prevea en la cimentación de los edificios la posibilidad de, que en el futuro, pueda construirse en todos ellos una planta adicional, para la posible ampliación de los juzgados.

Del antiguo proyecto del campus de la Justicia, la futura ciudad heredará las dos parcelas, situadas en Valdebebas, el conocido como el «Donut» –el único edificio levantado en la zona y que será la sede del Instituto de Medicina Legal y otros organismos como el Instituto Anatómico Forense–, el área de servicios auxiliares y el túnel de servicios subterráneo de un kilómetro de extensión que conecta ambos extremos de la ciudad. Se diferenciará, sin embargo, de aquel primer proyecto en que los edificios tendrán un único diseño, que aúne lo funcional con lo eficiente.

El detalle

Un mal servicio será penalizado

- Uno de los conceptos que introduce el Plan Económico de la Ciudad de la Justicia es el del «canon cero». Ello significa que la concesionaria cobrará su canon anual según como funcione el recinto. De esta forma, se prevé la elaboración de un régimen de penalizaciones si la empresa incumple sus obligaciones.