La Justicia evita que Ganemos desahucie a una anciana en Pinto

El Ejecutivo municipal, de Podemos y los independientes MIA, elimina las ayudas para pagar las plazas de cuatro vecinos en la residencia municipal

El Juzgado Contencioso Administrativo Número 34 de Madrid ha anulado de forma cautelar la decisión del Gobierno de Pinto se suspender la subvención que este Ayuntamiento venía aportando desde hace años para pagar la plaza de varias personas mayores en la residencia municipal Dolores Soria, que gestiona Mensajeros de la Paz, la ONG del Padre Ángel. Y es que el nuevo Ejecutivo de Ganemos Pinto –compuesto por ediles de Podemos y del partido independiente local MIA– decidió la víspera de la pasada Nochevieja suspender estas ayudas municipales, con las que hasta entonces se pagaban las plazas de cinco ancianos de la localidad en dicha residencia.

Así se lo comunicó el Gobierno de Ganemos a las familias el 28 de diciembre –día de los Santos Inocentes– convocándoles a una reunión para explicar que el consistorio dejaba de pagar estas ayudas porque, según la Intervención Municipal, lo impide la nueva ley que regula las competencias de los ayuntamientos.

El problema se planteó ya durante el anterior mandato, con un Gobierno local del PP, que sin embargo mantuvo estas ayudas para las plazas de los cinco ancianos y –frente a la Intervención Municipal, que le instaba a dejar de pagarlas– se amparó en informes jurídicos externos para mantener las ayudas.

Curiosamente, ha sido un Gobierno de Podemos y afines el que ha priorizado una interpretación restrictiva de una ley del Ejecutivo central (PP) sobre la necesidad real de estas personas mayores y sus familias. De hecho, ya no son cinco los afectados, sino cuatro, pues uno de ellos falleció el pasado mes de enero, coincidiendo con el mismo día en que el Ayuntamiento le notificó por escrito que se quedaba sin subvención.

Por todo ello, dos de los mayores afectados denunciaron ante la Justicia. El primero lo hizo el pasado 3 de marzo y pidió que se anulara cautelarmente la decisión de Ganemos Pinto de quitarle la subvención. Pocos días después, el Juzgado admitió esa suspensión, incluso sin necesidad de escuchar al consistorio, como permite la ley cuando pueden darse «efectos perjudiciales para la salud y situación de dependencia» del afectado. En el caso de la segunda denunciante, la Justicia no ha apreciado tanta urgencia, por lo que el Ayuntamiento sí tiene un plazo de dos meses para alegar antes de que el tribunal decida.

La anterior alcaldesa y actual presidenta del PP de Pinto, Míriam Rabaneda, denunció ayer que «el Gobierno de Pinto desahucia a unos ancianos y les quita las ayudas sociales», una situación que para los populares contrasta con «un Podemos que exige una ley para la defensa de las personas mayores en la Comunidad de Madrid».

Por su parte, Ganemos Pinto emitió un comunicado en el que asegura que, «advertido de que la ley no ampara esta subvención, se decide terminar con ella y buscar un acuerdo» mientras las personas afectadas siguen en la residencia «en las mismas condiciones». En similares términos se expresó el actual alcalde, Rafael Sánchez, al asegura que su equipo «simplemente ha tratado de cumplir ley».