La Policía se llevó el ordenador y discos duros de casa de la madre

Aunque ocupa ya unos cuantos folios – «mide un palmo de alto», según fuentes policiales–, la instrucción policial de la «operación Candy» no ha terminado. Entre otros asuntos, los investigadores se encuentran ahora a la espera del preceptivo mandamiento judicial que les permita abrir el ordenador y los discos duros confiscados en la habitación de la casa donde Antonio Ortiz vivía últimamente con su madre y su hermanastra, en el número 5 de la calle Montearagón, que fue registrada en presencia del presunto pederasta el mismo día de su detención. También esperan el «ok» judicial para encender y analizar el contenido de su teléfono móvil. Los agentes creen que estos aparatos electrónicos pueden contener material pedófilo, incluso de las propias niñas que agredió sexualmente, por lo que podría serle imputado un nuevo delito por tenencia de pornografía infantil. Los investigadores también están pendientes de los resultados de las pruebas que practicarán en laboratorio los profesionales de la Policía Científica para determinar si los restos biológicos recogidos en el «piso de los horrores» contienen vestigios de ADN de, al menos, dos de las víctimas. Sería una de las principales pruebas incriminatorias contra Ortiz, que huyó a Santander agobiado por la presión policial. En el piso de la capital cántabra se encontró la crema que compró con su última víctima el pasado 22 de agosto, según fuentes policiales.

La misma jueza del «Asesino de la baraja»

El caso del «monstruo de Ciudad Lineal» será instruido en el Juzgado de Instrucción número 10 de Plaza de Castilla, en el mismo escenario y por la misma jueza que investigó al conocido como «asesino de la Baraja» que fue, junto al pederasta, el depredador más buscado y que más temor ha sembrado en la historia negra de Madrid. En el caso de Alfredo Galán, la jueza María Antonia de Torres logró con su instrucción que la Audiencia le condenara a 142 años y tres meses de prisión por seis asesinatos y tres tentativas cometidos durante 2003. Ese año la población madrileña vivió atemorizada desde febrero hasta julio por la presencia de un asesino en serie que disparaba a quemarropa a sus víctimas escogidas al azar, como si se trataran de cartas de la baraja que dejaba a modo de firma junto a los cadáveres.

Ambos casos guardan similitudes porque tanto el «asesino de la Baraja» como el pederasta de Ciudad Lineal cometieron sus delitos de una forma intermitente pero certera y generaron una alarma social sin precedentes. La Prensa se hizo eco, una a una, de las seis muertes y los tres intentos fallidos perpetrados en diferentes poblaciones de la Comunidad. Galán cometió todos sus crímenes en seis meses, se entregó y confesó; Ortiz, sin embargo, abusó presuntamente de cinco menores en un año, pero tuvo que ser apresado por la Policía y lejos de asumir los delitos que se le imputan, se niega a declarar.