La última decisión de Carmena: privatizar un servicio gratuito

A partir del 1 de septiembre se suspende la Orientación Jurídica que el Colegio de Abogados de Madrid prestaba desde 1989. Desde Más Madrid aseguran que este servicio no podía continuar gestionándose por “razones jurídicas”.

El Ayuntamiento de Madrid ha convocado para este miércoles a las 09:00 horas el acto de apertura de sobres con las ofertas presentadas en un concurso público para la prestación del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) Municipal que, desde 1989, ha estado ejerciendo el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) gracias a un convenio con el Consistorio que el anterior equipo de Gobierno decidió finalizar.

La decisión de sacar este servicio a concurso público se tomó el pasado 24 de mayo, dos días antes de las elecciones municipales, permitiendo que optaran a ofrecer este servicio empresas privadas del sector, con un presupuesto del servicio de 301.889,17 euros. Esta convocatoria, según afirman fuentes del ICAM y la Asociación de Letrados por un Turno de Oficio Justo (Altodo), vulnera la Ley 1/1996 de 10 de enero de asistencia jurídica gratuita. Isidro Moreno, presidente de la asociación, asegura a LA RAZÓN que «los únicos que pueden prestar este servicio acorde a la ley 1/1996 son los colegios de abogados» y no otras empresas.

El Ilustre Colegio de Abogados no se presentó a dicho concurso, ya que consideraban que se encontraba fuera de la ley y no le iban a «hacer juego a algo ilegal». A día de hoy, ambas entidades desconocen quiénes son las empresas que se han presentado, aunque creen que es «sospechoso» que la decisión se produjera justo dos días antes de las elecciones municipales.

El ICAM en junio presentó un recurso contra esta decisión, al igual que Altodo, que el 6 de julio planteó otro ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la salida a concurso del Servicio de Orientación Jurídica (SOJ).

Ambas entidades no entienden los motivos por los que el anterior equipo de gobierno, presidido por Manuel Carmena, sacó a concurso dicho servicio público en el que pueden participar «todas las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras a título individual o en unión temporal de empresarios, que acrediten su solvencia económica, financiera y técnica...». Según afirma Moreno, el Colegio de Abogados aporta una «permanencia, solvencia e independencia» que una empresa privada no puede ofrecer.

A pesar de los recursos presentados y de las numerosas quejas planteadas por estas entidades, el 10 de julio estaba previsto la apertura de sobres de las distintas empresas que se habían presentado al concurso. No obstante, se anuló por cuestiones desconocidas por ambas entidades, quedando pendiente el establecimiento de una nueva fecha.

Tras un mes, el pasado viernes 16 de agosto se publicó la nueva fecha: se celebrará el miércoles 21 de agosto. La decisión de prorrogar la apertura de sobres ha sido calificada por el presidente de Altodo como de «agosticidad» y alevosía, ya que afirma que se ha aprovechado el periodo estival para tramitar el concurso, en agosto no estarán presentes la mayoría de representantes de este servicio.

A pesar de la escasez de personal, Altodo ha convocado a todos los colegiados adscritos al Turno de Oficio de Madrid a una nueva concentración mañana a la misma hora y lugar en el que se va a realizar la apertura de los sobres.

Hasta que no se determine cuál será la nueva empresa que prestará este servicio de orientación, a partir del 1 de septiembre se suspenderá, según han sido informados los responsables en cada Junta de Distrito, y el ICAM dejará de ofrecerlo hasta nuevo aviso.

Fin de este servicio gratuito por “razones jurídicas”

Desde Más Madrid aseguran que este servicio, que venía prestando el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) mediante un convenio con el Consistorio desde 1989, no podía continuar gestionándose como se venía haciendo por razones jurídicas. “La Unión Europea, en aras de la libre concurrencia en la contratación de servicios públicos, dictó las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, obligando al Estado español a trasponer sus criterios en la hoy vigente Ley de Contratos del Sector Público (LCSP)”, explican desde la plataforma.

Asimismo, señalan que el Ayuntamiento “no podía ya suscribir un nuevo convenio de subvención, sino que estaba obligado en su lugar a licitar un contrato de servicios en virtud de la LCSP”, de acuerdo con esta reciente legislación, con los informes de la Intervención del Ayuntamiento de Madrid en 2018 y como también confirmaron los Servicios Jurídicos del Consistorio.

“Estos aspectos fueron comunicados en una reunión convocada por Marta Higueras a la Vicedecana del ICAM entre otros representantes del Colegio en 2018”, puntualiza el anterior equipo de gobierno municipal.

Por otro lado, desde Más Madrid indican que “ni el antiguo convenio ni el actual contrato en proceso de licitación tienen nada que ver con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, siendo distintos los servicios que presta el Ayuntamiento en este caso de los derechos que aquella Ley concede a los ciudadanos y cuya prestación es competencia autonómica”.