El mercado negro de Madrid Central: 200 euros por empadronamiento

La plataforma de afectados denuncia la falta de información sobre funcionamiento y sanciones

¿Alguno ha recibido la carta informativa por haber cruzado Madrid Central? La pregunta la lanza Pascual Medel, uno de los portavoces de las Plataforma de Afectados por Madrid Central y comerciante del barrio de Las Letras. “Nadie ha recibido nada, aunque el Ayuntamiento afirmó que se enviarían a partir del 1 de enero”, responde acto seguido. Este es sólo un ejemplo de lo que esta agrupación denuncia: “Se está produciendo un caos operativo con la implantación de las restricciones circulatorias”, denuncian. Por eso insisten en que “el Ayuntamiento no puede multar hasta que no estén resueltos todos los problemas”, argumenta Vicente Pizcueta, coordinador de la Plataforma. Lo cierto es que, “a día de hoy no sabemos cuándo van a empezar con las sanciones económicas”.

A lo largo de estos primeros 75 días de implantación de la medida, los afectados han participado en varios grupos de trabajo sectoriales de la mesa de seguimiento para la evaluación de Madrid Central pero poco o nada se ha avanzado. “Nos hemos dado cuenta de que son más una maniobra de distracción para que se deje de hablar en la calle porque no están siendo operativas”, afirma Pizcueta. Y, mientras en estos encuentros se debate sobre la tecnología que deben utilizar los vehículos que quieran transitar por el perímetro restringido, “vecinos y comerciantes seguimos teniendo multitud de problemas para gestionar las aurtorizaciones”, añade Medel. Es más, “como nos cuentan los vecinos que acuden a las citas previas que se dan con un mes de demora, los requisitos y documentos que se exigen dependen del funcionario que te toque”. Es esta falta de operatividad la que también “ha hecho que surja un ‘submercado’ en el que se venden acreditaciones de empadronamientos y pases diario”, asevera el comerciante. Así, “algunos vecinos han llegado a pedir 200 euros por las primeras y 20 la autorización de día”. Según afirma Pizcueta, “es un problema del que ya nos avisaron los funcionarios antes de Navidad, pero que no nos creíamos y así es”.

Otro de los asuntos a los que no les da respuesta el Ayuntamiento es a la demora en la instalación de los paneles informativos sobre la disponibilidad de plazas en los aparcamientos. “Sabemos que no están ni licitados y que la compleja infraestructura que se necesita para conectar todos los datos del espacio disponible aún no se ha iniciado”, asevera Pizcueta. Y es que el conocimiento de estos datos es imprescindible, según la Plataforma, “para que los conductores decidan si traspasan o no las líneas rojas”. “Lo único que han colocado son más carteles anunciando que está prohibido pasar a la zona, salvo vehículos autorizados. Estos anuncios no hacen más que disuadir a los posibles compradores que terminarán yéndose a la periferia a comprar”, augura Medel.

A los problemas de comerciantes y vecinos se suman los de los centros sociales y ONG que presa servicios sociales y que no tienen la posibilidad de tramitar permisos. Es lo que le ha ocurrido a la sociedad de San Vicente de Paúl, a los que les han arrebatado las 20 autorizaciones que tenían “porque como no somos vecinos, se nos considera persona jurídica, no física, nos las han denegado”, explica Roberto Sánchez, secretario técnico de la entidad. La única fórmula que han encontrado para conseguir al menos 10 invitaciones ha sido unirse a la asociación de comerciantes, pero con este límite no saben si perderán muchas de las donaciones que llegan para su banco de alimentos o su ropero. “La única solución que nos dan es que dejen el coche en el paseo del Prado y vengan cargados hasta aquí. Algo inviable”, añade.