«Madrid Arena»: dimite el inspector jefe de la Policía Municipal de Madrid

El inspector jefe de la Policía Municipal, Emilio Monteagudo, ha presentado este lunes su dimisión tras resultar uno de los 16 imputados por el caso del Madrid Arena.

Después de 22 meses de instrucción, el juez Eduardo López-Palop dictó ayer el auto que marca el fin de la investigación judicial respecto a la muerte de cinco chicas la madrugada del 1 de noviembre de 2012 en el Madrid Arena. Minutos después de conocerse el contenido de dicho auto, se produjo la primera consecuencia: la fulminante dimisión del jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo. A primera hora de la tarde el consistorio madrileño emitía un comunicado en el que explicaba que Monteagudo había presentado esa misma mañana su carta de cese ante el delegado de Seguridad y Emergencias, José Enrique Núñez, que había aceptado su renuncia, al haber sido imputado en firme por López-Palop.

Se da la circunstancia de que, hace apenas un mes, la Fiscalía había exonerado a Monteagudo en su escrito de conclusiones sobre el «caso Madrid Arena», considerando que el botellón que se celebró en el exterior del recinto, y que no fue controlado por la Policía Municipal, no fue una de las causas que llevaron a la muerte de las jóvenes.

Las causas de la tragedia

En cambio, el titular del Juzgado de Instrucción número 51 considera todo lo contrario y señala que la aglomeración interior existente en el Madrid Arena, la embriaguez de muchos de los asistentes, el cierre de los pasillos y vomitorios que impedía la entrada y salida y el «botellón» que se celebraba en el exterior del recinto fueron los elementos determinantes que causaron la tragedia de la fiesta de Halloween. López-Palop considera que hay indicios más que suficientes para sentar en el banquillo a 16 imputados, los mismos respecto a los que la Fiscalía apreció motivos para ser juzgados más el jefe de la Policía Municipal de Madrid, Emilio Monteagudo, y José Luis Rodríguez Caamaño, coordinador jefe de Seguridad de Madrid Espacios y Congreso, empresa municipal que es la titular del recinto donde se celebró el dramático evento.

A todos ellos, el juez imputa cinco delitos de homicidio imprudente grave –penados cada uno de ellos con de 1 a 4 años de cárcel– y diez delitos de lesiones –castigados con penas de 3 a 6 meses de cárcel–, excepto a los doctores Simón Viñals y a su hijo Carlos, a quienes acusa de tres delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, en el caso de las jóvenes Rocío Oña, Cristina Arce y Katia Esteban.

Notoria mala fe

El juez vierte muy duras críticas tanto respecto a Miguel Ángel Flores, principal imputado y promotor de la fiesta, como a la actuación de la Policía Municipal de Madrid, que concreta en quien era su principal responsable, Emilio Monteagudo, y en el doctor Simón Viñals, encargado de la «enfermería», aunque no era más que un simple «habitáculo» que ni siquiera tenía agua corriente.

Así, respecto a Miguel Ángel Flores, el instructor considera que fue su «desmedido afán de beneficios económicos» lo que le llevó a permitir el sobreaforo existente –se vendieron unas 23.000 entradas cuando el aforo máximo autorizado era para 10.620 personas–, ordenando que se hiciera más liviana la requisa en la entrada del recinto para que pudiesen entrar «la totalidad de las personas que esperaban para hacerlo» y, con todo ello, «sacrificar» la seguridad. Además, actuó con una notoria mala fe porque trató de ocultar pruebas –urnas que contenían entradas– cuando ya conocía que se había producido un «incidente gravísimo».

El juez tampoco ahorra críticas, ni mucho menos, para la actuación del doctor Viñals. En primer lugar, cuestiona que una persona «que tenía alrededor de 80 años» estuviese en condiciones de ponerse al frente de un acontecimiento donde iban a acudir miles de jóvenes y se tenía la seguridad de que muchos de ellos iban a estar embriagados. En opinión del magistrado, «acepta voluntariamente y por dinero –percibió unos 1.900 euros– ponerse al frente de los servicios médicos», sin contar con los medios materiales e instrumentos necesarios para la función que asumía. Y, además, su conducta no puede tildarse más que de «errática, insuficiente y gravísimamente lesiva para las personas que posteriormente habrían de perder la vida».

Agentes «insuficientes»

En cuanto a la Policía Municipal de Madrid, el juez le reprocha que no tuviera una actuación acorde con sus obligaciones a la hora de mantener el orden en el «botellón, notoriamente ilegal» que se producía en los exteriores del Madrid Arena. «Puede afirmarse que estuvo –el citado Cuerpo policial– en el lugar de los hechos de forma manifiestamente insuficiente, esporádica y con una pasividad totalmente inadecuada para la gravedad de los hechos que estaban aconteciendo». Y aquí es donde aprecia responsabilidad penal en Monteagudo: «Existe una evidente relación de causa-efecto entre el botellón, que nunca debió haber existido, y el resultado letal producido...y como la encargada de impedirlo era la Policía Municipal de Madrid, el máximo responsable de la misma debe responder por su negligencia».

Esta tesis choca con la esgrimida por el Fiscal Superior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, para quien «no hay ningún dato de que Monteagudo realizara alguna conducta que tuviese incidencia directa en la avalancha» que acabó con la vida de las cinco jóvenes. Al respecto, fuentes cercanas al Ministerio Público han explicado que el fiscal está estudiando recurrir la imputación del jefe de la Policía Municipal o bien adherirse al previsible recurso que elevará la defensa de Monteagudo ante la Audiencia Provincial.

El nuevo jefe policial, en manos de Botella

El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer en un comunicado que, tras aceptar la dimisión de Emilio Monteagudo, se inciaba de inmediato el procedimiento para cubrir su puesto, de libre designación, tal y como prevé la normativa municipal y que concluirá en pocas semanas. Así, el consistorio madrileño hará una oferta pública de empleo a la que podrá concurrir cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos del Estado que cumpla con los requisitos que se describan en la misma, tales como años de experiencia como oficial o suboficial, y que se conocerán en breve. Una vez recibidas las solicitudes y los currículos correspondientes, el Ayuntamiento hara una selección y realizará entrevistas personales y, de entre los aplicantes, el delegado de Seguridad y Emergencias, José Enrique Núñez y, en última instancia, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, escogerán al nuevo jefe de Policía Municipal de la capital.