María Jesús del Barco: "No se puede echar a los jueces a los pies de los caballos si las sentencias no nos gustan"

Tras dos décadas de carrera judicial, en septiembre del pasado año se convirtió en la segunda mujer elegida decana de los juzgados de Madrid (desde que Manuela Carmena fuera designada en 1993). María Jesús del Barco, portavoz además de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) –que prefiere que le llamen juez que jueza «aunque no sea políticamente correcto»– alza la voz por sus compañeros y reclama 70 nuevos juzgados para Madrid para solucionar el colapso y que «no se eche a los pies de los caballos a los jueces cuando una sentencia no nos gusta».

–Tras algo más de un año en el cargo, ¿cuáles cree que son las necesidades más urgentes de los juzgados de Madrid?

–Pasan por la creación de plazas judiciales, porque la sobrecarga de los juzgados es tremenda. Hay juzgados de primera instancia con una sobrecarga que ronda el 250% y en los de mercantil, alrededor del 350%, por encima del nivel que establece el propio servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial, que no es que sea siempre precisamente generoso con los jueces. Los Juzgados de lo Social están también saturados. Se está parcheando la situación con jueces de adscripción territorial y se va saliendo así adelante.

–La imagen de juzgados atestados de expedientes con pilas de sumarios en los pasillos, ¿sigue siendo real?

–Es la imagen real, porque el expediente digital, pese a que se presentó a bombo y platillo, aún no ha llegado a los juzgados. Incluso Lexnet plantea muchas veces problemas. Necesitamos que la Administración de Justicia ofrezca un sistema informático que garantice la agilidad, para que no suceda, como me comentaba el otro día una compañera, que ahora cueste 15 minutos firmar diez resoluciones cuando antes llevaba apenas dos minutos.

–Los jueces de adscripción territorial o en comisión de servicios ¿son la solución o son parte del problema?

–Son un parche. Lo ideal es que no existieran jueces de adscripción territorial o en comisión de servicio, sino que se crearan nuevos juzgados. Los juzgados de lo social, por ejemplo, llevan años reforzados y estamos hablando ya de problemas estructurales, no esporádicos.

–¿Qué falla para que las cifras de violencia machista aumenten cada año? ¿Tienen los jueces alguna responsabilidad?

–Yo creo que ninguna y no hablo desde el corporativismo. Falla la educación y asumir que en este mundo también existe un componente de maldad. La protección de género es integral, no solo judicial. Los organismos judiciales están dando una respuesta adecuada conforme a la ley y además están obligados a respetar la presunción de inocencia.

–Pero sentencias como la de la manada de Manresa han vuelto a provocar indignación social. ¿La Justicia es machista?

–En absoluto. En la carrera el 54% somos mujeres y la edad media es de alrededor de 48 años. Nos hemos educado con la Constitución y en la igualdad. A veces hay sentencias que pueden resultar incomprensibles, pero la herramienta con la que trabajamos es el Código Penal que nos han dado a los jueces. Que no se olviden los que hacen las leyes que los jueces lo que hacemos es aplicar esas leyes.

–Es usted la segunda decana de Madrid tras la elección de Carmena hace 26 años. Pese a esa mayoritaria presencia femenina en la carrera judicial, las más altas responsabilidades en la magistratura siguen estando ejercidas por hombres.

–En los cargos discrecionales cae bastante esa proporción. En las últimas promociones el 70% de los aprobados eran de mujeres. La verdad es que siempre he pensado que era una cuestión de tiempo, pero la realidad es bastante tozuda. Lo realmente relevante es que existan políticas de conciliación que permitan a las mujeres acceder a esos puestos en condiciones de igualdad. Y que, como ha establecido el Tribunal Supremo, se dé prevalencia a la mujer ante currículos semejantes. Yo quiero que valoren mis méritos, no que me designen en detrimento de un compañero que me saque 200 puestos en el escalafón.

–¿Son suficientes las dotaciones del Ministerio de Justicia para cubrir las bajas por maternidad?

–De ninguna manera. Es indignante que un Gobierno se presente como el de la igualdad y que la sustitución de una compañera embarazada entre en el mismo saco que la generalidad de sustituciones. Si creemos de verdad en la igualdad hay que dotarla de medios, creando una partida aparte para permisos de maternidad y de paternidad, embarazos de alto riesgo y reducciones de jornada por cuidado de hijos menores.

–¿Juez o jueza?

–Aun a riesgo de ser políticamente incorrecta, prefiero que me llamen juez, jueza no me gusta, a diferencia de magistrada.

–¿Cuál es la situación actual del juzgado de cláusulas suelo?

–Acumula ya más de 80.000 demandas desde junio de 2017 y se tardarán años en dar respuesta a todas ellas. Desde que se interpone la demanda hasta que se registra pasan dos años de media, aunque luego el juicio se celebra en unos meses. Es un juzgado que nació colapsado. Los jueces de Madrid nos opusimos a su creación desde un principio, al igual que los colegios profesionales. Sabíamos que los perjudicados serían los consumidores, los clientes de los bancos, pues aunque el 98% de esas demandas son estimatorias al final se tarda en hacer justicia.

–Con este panorama, ¿los jueces de Madrid están motivados?

–Somos jueces por vocación y por sentido de la responsabilidad. A veces, claro, te desmotivas, pero esa vocación y esa responsabilidad te hacen trabajar con la misma dedicación.

–El anterior equipo de gobierno municipal encabezado por Manuela Carmena se quejaba de que los jueces no compartían con los ayuntamientos los casos de desahucios, lo que les impedía actuar para evitar situaciones de vulnerabilidad.

–No es un capricho de los jueces. Desde los Servicios Sociales no se da a veces respuesta y en los juzgados teníamos procedimientos a la espera. Esa respuesta debería ser inmediata en situaciones de especial vulnerabilidad. Si no se da, hay que seguir adelante con el desahucio porque el derecho a la vivienda es un derecho social, pero también existe el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y alguien tiene una sentencia de desahucio tiene derecho a que se ejecute. Las leyes están para cumplirse. Además, cuando los funcionarios del servicio, que tienen una gran sensibilidad ante situaciones de vulnerabilidad, iban a ejecutar un desahucio no contaban con el apoyo de los policías locales, lo que en ocasiones llevó a solicitar el auxilio de la Policía Nacional.

–Las transferencias de Justicia a algunas comunidades autónomas, ¿han mejorado la calidad del servicio?

–No. Los distintos sistemas informáticos, en esta especie de reino de Taifas que tenemos en la Administración de Justicia, y las disfunciones territoriales en la creación de órganos judiciales crean ciudadanos de primera y de segunda. La Justicia es un derecho esencial, pero no da votos, y tampoco está entre las prioridades de los ciudadanos, como demuestran las encuestas, y los políticos miden sus intereses por el rédito electoral.

–¿La Ciudad de la Justicia es la solución? ¿En qué medida puede condicionar ese megaproyecto la inversión en los juzgados?

–No creo que los jueces hayamos demandado una Ciudad de la Justicia. Mientras ese proyecto ha estado sobre la mesa los edificios judiciales se han ido deteriorando y no se han creados nuevos juzgados. Hay despachos de jueces que no se adecuan a su función jurisdiccional, aunque es cierto que en estos dos últimos años hubo un cambio con la actual viceconsejera Yolanda Ibarrola. Al final serán los políticos los que decidan dónde nos quieran llevar, pero espero que exista un consenso y que, mientras tanto, no se olviden de las necesidades reales de los juzgados y de la necesaria previsión de aumento de la planta judicial y de la mejora de las infraestructuras.

–Como portavoz de la APM, ¿qué espera del próximo ministro de Justicia?

–Altura de miras y responsabilidad de Estado para llegar a un gran pacto por la Justicia que, entre otras cosas, cambie el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y modifique la ley de planta judicial y leyes procesales, para por ejemplo arbitrar medios de conciliación que evite que lleguen a los juzgados muchos asuntos que no deberían judicializarse. Y que crea en la Justicia. No se puede poner a los pies de los caballos a los jueces cuando una sentencia no nos gusta.

–¿Por qué deben elegir los jueces a los vocales del CGPJ de extracción judicial?

–Porque estoy convencida de que es lo que querían los constituyentes. Además, eliminaríamos así esa sospecha de que los nombramientos están dirigidos por los partidos políticos. Pero eso sí, si tenemos que elegir a doce vocales, que podamos elegirlos libremente.

-¿Si se hiciese a través de las asociaciones judiciales cree que se disiparían esas sospechas?

-Como juez, tengo compañeros de una u otra asociación y también no asociados. Y, desde luego, cuando he puesto una sentencia siempre he aparcado mi ideología.