Ofensiva para blindar la externalización

Una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid avaló el pasado mes de julio la legalidad de la externalización sanitaria, el camino para que las empresas privadas se hicieran cargo de la gestión de seis hospitales regionales a lo largo de este mes parecía despejado. Esta hoja de ruta, sin embargo, saltó por los aires este martes tras hacerse público el auto del Juzgado Contencioso-Administrativo número cuatro que ordenaba paralizar el proceso de adjudicación. En un polémico auto, el magistrado Carlos Gómez Iglesias resolvía adoptar esta medida cautelar, que, además, no podrá ser levantada hasta que no exista una sentencia firme.

Tras estudiar a fondo los argumentos del fallo, la Comunidad anunció ayer su respuesta: enviar, por un lado, al juez un oficio para informarle de que las resoluciones que suspende –se trata de las convocatorias para la licitación de los seis hospitales– ya han sido ejecutadas completamente; y, paralelamente, presentar un recurso «con carácter inmediato» ante el Tribunal Superior. Así lo anunció el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, tras no poder ocultar su «absoluta sorpresa» ante este nuevo contratiempo.

La estrategia judicial del Ejecutivo autonómico girará en torno al argumento de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo es «manifiestamente incompetente» para adoptar esta decisión. Según el portavoz del Gobierno, Salvador Victoria, el juez se ha extralimitado al ordenar la paralización del proceso. Por dos razones: porque al respecto ya se pronunció una instancia superior –el Tribunal Superior de Justicia, en julio– y porque la suspensión de la convocatoria del concurso llega cuando ésta ya ha completado su camino. «Nosotros lo que vamos a decir al juez es que esas disposiciones ya han sido ejecutadas y completadas», precisó Victoria. De esta forma, la Comunidad busca evitar que el proceso de externalización permanezca suspendido durante meses. Preguntado sobre si esto va a paralizar, al menos de momento, los trabajos preliminares que están haciendo ya las concesionarias, Lasquetty optó por ser cauto y subrayó que, «si se tiene que pronunciar sobre alguna otra cuestión, tendrá que pronunciarse el juez y tendrá que decirlo el juez, y no lo ha hecho de momento».

Una «maraña» de recursos

El otro motivo de indignación entre el Ejecutivo madrileño tiene su origen en las opiniones y comentarios «de tipo político y personal» que introduce en la resolución judicial. «Son unos posicionamientos totalmente respetables, pero impropios por parte de cualquier juzgado», aseguró Fernández-Lasquetty. «Por definición, privatizar es transferir una actividad pública al sector privado, lo que inmediatamente provoca el rechazo por parte de quien... estima que privatizar es sinónimo de desmantelar», recoge el juez Gómez Iglesias. Más adelante, toma «prestadas» las palabras del fiscal en las que éste considera que las consecuencias de la externalización serán «irreparables». Cuestiona el ahorro que la Comunidad pretende introducir con la gestión indirecta de los hospitales –«esta cuestión resulta una incógnita en el momento actual»– e incluso entra a valorar la labor del Gobierno y de sus responsables sanitarios: «No se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión pública de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia».

Al margen de lo meramente judicial, Lasquetty también se mostró muy duro en su comparecencia de ayer ante los medios con la actitud del Partido Socialista de Madrid. Acusó a su secretario general, Tomás Gómez, de estar detrás de la «maraña» de recursos con los que el PSM ha intentado detener la externalización a través de «distintas terminales como los sindicatos que se mueven en su órbita, como Afem».

Lasquetty :«¿Dónde está el abandono de los hospitales?»

La Comunidad de Madrid ha destinado cerca de once millones de euros a las obras de renovación de 21 hospitales públicos de la región, según el Plan de Renovación hospitalaria presentado ayer por Fernández-Lasquetty. Se trata de 155 actuaciones que se centran en la áreas de hospitalización, atención al paciente, y las relacionadas con el confort y la seguridad.Se han invertido un total de 10.950.122 euros en obras en habitaciones, baños, salas de espera, pasillo y espacios comunes de un total de 21 hospitales, así como en los controles de enfermería. Este programa, que se desarrolla anualmente, tiene como objetivo «adecuar las infraestructuras para que los profesionales realicen su función en las mejores condiciones». Precisamente esta inversión es, para el consejero, la prueba del compromiso de su Gobierno con un sistema sanitario sostenible: «Frente a quienes nos acusan de manera infundada de desmantelar o dejar abandonado el sistema sanitario público, lo que queremos es informar a los ciudadanos de lo que se está trabajando para mantener y mejorar los hospitales que atienden a todos. ¿Dónde está el abandono?», se preguntó.