Oleada de protestas... y de comisiones de investigación

Madrid- Las consecuencias de la «operación Púnica» no se han limitado ni a las dimisiones de los alcaldes imputados ni a los ayuntamientos afectados. Tanto la oposición en los distintos consistorios de la región como la presión social de los ciudadanos indignados por el fraude –hasta el punto que, durante los primeros días del escándalo se apostaron en las sedes municipales para increpar a los acusados y ayer, en Valdemoro, salieron a manifestarse contra la corrupción– han obligado a muchas localidades a abrir comisiones de investigación y exponer sus contratos y cuentas con las empresas implicadas en la trama: Cofely y Waiter Music. Así, el Ayuntamiento de Leganés anunció que hará públicos todos los contratos con Waiter Music, mientras que el consistorio de San Sebastián de los Reyes ha creado una comisión especial para informar de la contratación con esta empresa, y en Alcalá de Henares han optado por enviar la documentación de los contratos con Waiter Music a la Fiscalía Anticorrupción y a la Audiencia Nacional. Asimismo, el concejal de Centro de Madrid, David Erguido, ha solicitado su comparecencia en la Comisión de Investigación que se constituirá en el Ayuntamiento de Algete para indagar en los contratos que se hicieron con Waiter Music siendo Erguido concejal de festejos de la localidad. Igualmente, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de Las Rozas celebrará este lunes una sesión para revisar los contratos municipales con Cofely. En el caso de Móstoles, se aprobó por unanimidad la creación de una Comisión de Investigación sobre los contratos del consistorio con Cofely y el alcalde, Daniel Ortiz, se ha reunido con varias asociaciones del municipio para explicarles cómo ha afectado a la ciudad la «operación Púnica». Por su parte, el alcalde de Getafe, Juan Soler, ha propuesto en el Pleno municipal crear una «comisión de la verdad» que investigue la situación patrimonial de todos los políticos, antes y después de ejercer un cargo público.

La reacción ha sido más intensa en los consistorios afectados por la operación. Así, la oposición de Valdemoro exigió al alcalde accidental, Manuel Salguero, que informe de la situación del consistorio, en el que el alcalde imputado José Carlos Boza, aún no ha entregado su acta de concejal. También, en Parla y en Collado Villalba, los grupos de la oposición han demandado la creación de una Comisión de Investigación sobre la relación de los ex alcaldes imputados con la trama de corrupción y la situación de los contratos con las empresas implicadas.