Un centro de menores en una urbanización

Los vecinos están indignados y la alcaldesa está dispuesta a buscar alternativas.

«No es lugar y 190 metros cuadrados no son espacio suficiente para 14 menores y siete monitores (cinco del turno de día y dos de noche) en una urbanización de nueve chalés pareados en línea», dicen los vecinos de la Colonia de los Ángeles, de Pozuelo de Alarcón. Es donde reubicará la Comunidad de Madrid a 14 menores inmigrantes que llegaron solos en patera a las costas españolas y acabaron recalando en Madrid. Ya hay tres ocupando la vivienda, pero el lunes se espera al resto. Los vecinos están muy preocupados e indignados por la nueva situación que se les plantea. «El fin es muy loable, pero la Comunidad no puede implantar un centro residencial para menores en la vivienda porque no reúne las condiciones e incumple la normativa de Pozuelo, ya que el inmueble sólo puede destinarse a local comercial o despacho profesional vinculado a la vivienda», explica Vicente, el presidente de la comunidad de vecinos. Además, se da la circunstancia de que el propietario del inmueble, que ha alquilado a la Fundación Samu la vivienda, y que será quien se ocupe de la atención a los menores, «lleva tres años sin pagar la cuota de la comunidad y tampoco está al corriente del pago del IBI desde 2015», dicen los vecinos. Los residentes se enteraron de que iba a haber un centro para menores en su urbanización cuando vieron aparcar un camión de mudanzas y observaron que no paraban de salir somieres y cabeceros de cama, así que acudieron rápidamente al Ayuntamiento. «Una casa de dimensiones similares a las nuestras no es lugar adecuado para la residencia de menores con especiales necesidades», insisten, pero la Fundación SAMU cuenta con la autorización del Gobierno regional para que el servicio se lleve a cabo.

La alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, está dispuesta a sentarse con los responsables de la Comunidad de Madrid «para buscar un buen sitio a los menores, pero no puede ser un lugar que no reúne las condiciones y que, además, incumple nuestra normativa municipal».

La alcaldesa asegura que el consistorio «es sensible a las necesidades de estos menores y prueba de ello es que cuenta con una vivienda para refugiados en la ciudad, por la que ya han pasado varias familias, y ha dado licencias y autorizaciones para pisos tutelados en zonas en inmuebles permitidos», añadió.

La Comunidad asegura que «ha contratado a entidades sociales, como la Fundación Samu, para dar soluciones habitacionales a lo que se ha convertido en un problema», como es la llegada imparable de menores. «Será el Ayuntamiento de Pozuelo el que tendrá que dar una respuesta, no se puede criminalizar ni estigmatizar a menores», dijo un portavoz. La alcaldesa, sin embargo, espera aún respuesta de la Comunidad a la propuesta de buscar otra ubicación «más adecuada» en el municipio.