Piscinas

Apertura de piscinas: las tres condiciones que las comunidades de propietarios no pueden cumplir

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid alerta: si no se precisan más cuestiones como el aforo del 30%, las citas previas y las distancias de seguridad, pueden surgir “conflictos vecinales”

El aforo máximo del 30 por ciento para las piscinas decretado por el Gobierno para la fase 2 está creando un auténtico quebradero de cabeza entre las comunidades de propietarios. Más aún, consideran que las condiciones impuestas por el Ministerio de Sanidad están "muy alejadas de la realidad en las comunidades de propietarios”. Y de no precisarse más la normativa, podrían "dar lugar a conflictos vecinales”.

Así lo ha manifestado el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid) en un comunicado, en el que recuerda a Sanidad que, tras la publicación de la Orden SND/414/2020, no se resuelven las cuestiones pendientes que el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (CGCAFE) ha ido exponiendo al presidente del Gobierno y a los responsables de los ministerios competentes en estas materias.

En esta Orden se establecen las siguientes obligaciones que son también de aplicación a las 12.000piscinasexistentes en comunidades de propietarios y urbanizaciones madrileñas. Sin embargo, vistas una por una, presentan varios problemas

  • El aforo máximo permitido será el 30%: el Colegio explica que la mayoría de las comunidades de propietarios no disponen de ningún sistema de control del aforo. No hay personal responsable a cargo de la instalación que pueda controlar o limitar el acceso de los propietarios y, en los casos que disponen de socorrista, su competencia se limita al control del vaso de la piscina. “En la Comunidad de Madrid es obligatorio contratar socorrista en las urbanizaciones que sobrepasen las 30 viviendas, pero su función se limita, por convenio, a la vigilancia del vaso de la piscina, y no al control del aforo”, advierte Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid. El aforo del vaso, además, vendrá determinado por su superficie, de tal manera que en los momentos de máxima concurrencia de bañistas se disponga, al menos, de 2 metros cuadrados de lámina por cada uno. “En una instalación de 100 metros cuadrados, el aforo sería de 50 bañistas, que a un 30% quedaría reducido a 15 personas”, señalan desde el CAFMadrid.
  • Para acudir a la piscina se debe obtener cita previa y se organizarán horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación. No es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono. Y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos. La competencia para regular es de la Junta General de Propietarios. Y, al margen de la controversia que supondría tratar de alcanzar un acuerdo para el establecimiento de turnos, hay que recordar que aún no están autorizadas las reuniones de las comunidades de propietarios, prevista en la fase 2, lo que impide esta regulación.
  • En las zonas de estancia de los usuarios se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señales en el suelo limitando los espacios. Si se marcan áreas de uso reservado para cada persona y, además, hay que reservar zona para el acceso y de paso (tanto a dichos espacios como al vaso de la piscina o a los vestuarios), el espacio disponible se reduce de tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, lo que disparará los costes del servicio en proporción al número de usuarios. Tampoco se dispone de recursos para ejercer el control para que los usuarios respetan sus respectivas zonas de estancia. Además, contratar a un controlador puede suponer entre 6.500 y 8.000 euros durante tres meses, calculan desde el CAFMadrid.

Ante esta situación, el CGCAFE ha vuelto a proponer al Gobierno que se regule la posibilidad de celebrar juntas virtuales, facilitando la flexibilización de los requisitos para la toma de decisiones. También solicitan el aumento de plazos para la celebración de las reuniones, de forma que se confirmen a los propietarios que actualmente ocupan cargos, con lo que se resolverían muchos de los problemas actuales.