Comunidad de Madrid

Un cargo de Podemos, el agitador de los antisistema en Alcorcón

Las caceroladas «son una vergüenza y deben pagar por ellas». El también teniente de alcalde, al que se le relaciona con los radicales, jalea las protestas

Uno de los participantes en las protestas de la localidad madrileña de Alcorcón
Uno de los participantes en las protestas de la localidad madrileña de AlcorcónManu FernandezAgencia AP

Había que reventar la cacerolada, cada vez más sonora, de los vecinos de Alcorcón contra el Gobierno de Pedro Sánchez. Y más en un municipio donde gobierna el PSOE en coalición con Podemos. Precisamente en una localidad del sur de Madrid donde vive gente de clase trabajadora. Y en ese tándem municipal que compone el Gobierno municipal, todos los dedos apuntan a Jesús Santos, número uno de Podemos en Alcorcón, además de teniente de alcalde en la localidad del sur, como principal instigador de los grupos radicales de izquierda para que acudieran al municipio a subir la tensión y tratar de acallar la protesta de las cacerolas envueltos en banderas republicanas, lemas contra el fascismo e insultos al Rey.

Es precisamente en Alcorcón y en otros zonas de Madrid, como Vallecas o Moratalaz, que en las últimas elecciones dieron su apoyo al PSOE, donde el discurso de la izquierda ahora se rompe. Por eso hay quien ha visto en los mensajes de Santos en las redes sociales la mano que justifica y aviva el conflicto: «La vía pública es un derecho de todos, no el privilegio de unos pocos. Habíamos alcanzado un consenso para usarla con responsabilidad, pero la extrema derecha lo ha roto con sus convocatorias, por eso hay gente que responde», dijo. Y aún hay más mensajes en esta línea. «Las caceroladas rompieron el consenso y por eso tienen respuesta (…) Es una vergüenza una irresponsabilidad y deben pagar por ello». Ayer, la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alcorcón, Ana Gómez, pidió la dimisión de Jesús Santos, ahora la mano derecha de la alcaldesa, Natalia de Andrés. «Debe dimitir, alentó a venir a determinados grupos a Alcorcón y a poner en peligro la seguridad», dijo.

Se calcula que el movimiento de extrema izquierda en Alcorcón no cuenta actualmente con más de 200 seguidores, pero a él ha estado muy vinculado el teniente de alcalde de Alcorcón. Hace unos años se le relacionó con unos hooligans aficionados de la Agrupación Deportiva Alcorcón (ADA) y conocidos como «sección Petaca» o «Petakahools», cuyo emblema era un puño americano. Muchos de ellos se encuentran trabajando en Esmasa, la empresa pública municipal de limpieza de la que Santos es ahora también presidente. De hecho, uno de los momentos más intensos de la actividad de los antisistema en Alcorcón tiene que ver con la huelga de basuras de 2014, donde en una noche llegó a haber hasta 27 incendios y se causaran daños que superaran el millón de euros.

El movimiento de extrema izquierda en la localidad del sur ha estado ligado a la casa okupada que era la conocida como antigua Escuela Taller, que fue desalojada durante el gobierno del PP, con David Pérez como alcalde. Éste aseguró haber recibido serias amenazas por otro grupo de extrema izquierda, Castilla Comunera, cuando decidió quitarles la caseta en las fiestas con la que obtenían fondos para sufragar sus actividades. Estos grupos vivieron momentos de esplendor con la creación de Podemos y estos días, el que ha tomado especial protagonismo ha sido «Alkorkon», un grupo que se denomina a sí mismo «antifascista, anticapitalista y feminista».

“Protestas ilegales”

La alcaldesa socialista de Alcorcón ha hecho un llamamiento a «la calma y la convivencia» en la ciudad después de que grupos de extrema izquierda y de ciudadanos que salían a protestar contra Sánchez con cacerola en mano se enfrentaran, cruzaran insultos y se generara un clima de tensión que obligó a desplegar un amplio dispositivo policial. La alcaldesa dice que las protestas «son ilegales» y «no deben volver a celebrarse porque están poniendo en riesgo la salud de todos los vecinos». La plaza de los Príncipes, epicentro de la protesta, se ha cerrado, pero el PP ya ha anunciado que estudia medidas legales porque considera que su clausura «no está motivada por cuestiones de salud, es una vulneración de un derecho fundamental, las caceroladas han sido muy sonadas y no le han gustado al PSOE». Se plantea acudir a los tribunales.