El respaldo judicial a Carmena no aplaca al Ayuntamiento: la ordenanza de pisos turísticos cambiará

De los varios recursos judiciales que tenía pendientes el Plan Especial de Hospedaje (PEH) aprobado en 2019 por el Gobierno de Manuela Carmena, se esperaba con especial interés el correspondiente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Sobre su mesa, el recurso interpuesto por la Asociación de Gestores de Viviendas de Uso Turístico (Asotur), que consideraba que el plan de Ahora Madrid atentaba contra su derecho a poner en alquiler sus hogares. Entre otros requisitos, el anterior Consistorio solo permitía ofertar las viviendas de particulares durante un tope máximo que no podía llegar a los 90 días al año. Pasado ese plazo, sería necesario adquirir la licencia correspondiente para su alquiler. Además, se exigía como requisito, al menos en el distrito Centro, un acceso independiente desde la calle. Un requerimiento que suponía la ilegalización del 95% de las viviendas turísticas.

Ahora, la Sala ha hablado. «Ningún elemento aporta la recurrente (...) que permita colegir que la suspensión automática no se haya ajustado a la normativa urbanística que le proporciona la adecuada cobertura o que se haya producido un exceso en la misma». Además, el TSJM considera que «el establecimiento de límites al acceso a la actividad económica concernida o a su ejercicio» es conforme con «lo que prevé el artículo 5 de la LGUM –Ley de Garantía de Unidad del Mercado-–». Esos límites, afirma el Tribunal, «satisfacen las exigencias del principio de necesidad en supuestos análogos», como es el de la «actividad económica».

La propia alcaldesa se ha mostrado «muy satisfecha» al conocer la sentencia, ya que avala «el plan para el control de las viviendas turísticas que aprobamos en nuestro mandato, un trabajo impulsado por José Manuel Calvo y todo su equipo de Urbanismo que hoy ha sido respaldado por la justicia».

El actual Ayuntamiento, y concretamente el Área de Desarrollo Urbano que preside Mariano Fuentes, se encuentra inmerso en una nueva ordenanza para regular las viviendas de uso turístico. Hasta el momento, el Área siempre se ha mantenido favorable a esperar el resultado de las resoluciones judiciales para comenzar a marcar las principales líneas de actuación.

Desde Desarrollo Urbano señalan a LA RAZÓN que el Plan de Carmena se ha demostrado «ineficaz». Y es que, desde su entrada en vigor, «las viviendas de uso turístico pasaron de 8.000 a 14.000, lo que demostró que la prohibición de facto no solo no ha solucionado nada, sino que lo ha agravado al condenar esta actividad al mercado negro». Y es que en el Ayuntamiento consideran que, el hecho de que el Plan de Carmena sea legal, no significa haya sido bueno.

Entre otras iniciativas, la nueva ordenanza que ultima el departamento de Fuentes se encamina a «dar solución a los problemas de convivencia vecinal y, a la vez, permitir la regulación de esta actividad. No es una cuestión urbanística, sino de seguridad, convivencia vecinal, ruidos...», explican desde el Consistorio.

Así, el Ayuntamiento pretende crear un nuevo marco normativo que diferenciará entre aquellas viviendas de uso turístico ejercidas bajo el principio de unidad de explotación –mediante precio, de forma profesional y sin carácter de residencia permanente, es decir, uso de hospedaje y puro negocio–, de aquellos actos de alquiler «puntual» de viviendas y que son utilizadas como residencia permanente por parte del dueño.