¿Debe aplicarse un impuesto a las 82.000 viviendas vacías que hay en Madrid?

Unas persianas bajadas o unas ventanas tapiadas son un síntoma más que evidente de que esa vivienda está vacía. Casas deshabitadas en ciudades que se expanden y crecen, que estiran sus límites y su perímetro para construir más pisos. Más promociones. ¿Tiene sentido? Se trata de un debate con muchos años en torno al futuro de las urbes en este siglo XXI. Madrid, como el resto de grandes capitales europeas, tiene un importante número de viviendas vacías.

Según los cálculos de un estudio realizado por la Universidad Pompeu Fabra, sólo en la capital hay en torno a 82.000 pisos y casas en los que no reside nadie. Están vacíos. Y aunque la cifra puede parecernos muy elevada, está por debajo de lo que sucede con este fenómeno en otras ciudades del país. En España, el parque de viviendas vacías en este 2021 ronda el 10%. En Madrid no llega al 5,5%. Está muy por debajo de ese umbral Barcelona, situada algo por encima del tres por ciento. En Sevilla esta cifra se eleva hasta el 7% y en Valencia es del 8%. La ciudad española con más porcentaje de casas deshabitadas sobre su parque inmobiliario global es Zaragoza, con el 15%.

Junto al debate suscitado alrededor de si las ciudades pueden seguir creciendo hasta el infinito al ritmo que marcan las grúas y las hormigoneras, hay otra discusión habitual a la hora de determinar cuál debe ser el papel de las administraciones públicas en las regulación de este escenario. Es decir, si ayuntamientos o comunidades autónomas deben entrar en este terreno mediante leyes y normas que eviten la existencia de viviendas vacías.

El grupo político que liderará la oposición a Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid cree que sí. Por ello, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley en el parlamento regional en la que reclama al Ejecutivo madrileño la puesta en marcha de una Ley de Vivienda que permita «movilizar» todas estos inmuebles vacíos. Justifican desde el grupo de Mónica García la necesidad de intervenir en esta materia para preservar la función social que el artículo 33 de la Constitución Española concede a la propiedad privada. Y lo sostienen en datos. Como por ejemplo el que nos ilustra hasta qué punto se ha disparado el precio del alquiler en pocos años: de 2015 a 2021 ha aumentado un 41%.

Acuerdos con propietarios

Más Madrid pone como ejemplo las leyes aprobadas en Valencia, País Vasco o Baleares para reclamar la intervención de Ayuso. Entre las medidas puestas sobre la mesa por este grupo parlamentario plantean proponer a los pequeños propietarios que tengan una vivienda vacía acordar con la administración la cesión temporal del inmueble para generar una bolsa de alquiler a precios asequibles a cambio de su rehabilitación.

Además, y quizá en su punto más polémico, piden la creación de tasas sobre estas viviendas vacías «sin justificación». Quedarían fuera de este impuesto las segundas residencias. Se establecería, según reza la propuesta, un pago anual por metro cuadrado a viviendas que lleven vacías más de dos años y que se iría incrementando con el paso del tiempo hasta llegar a un máximo. Proponen, asimismo, que el dinero recaudado por este impuesto de nueva creación pueda destinarse a la política de vivienda de la Comunidad de Madrid.

Subraya Más Madrid en la PNL que países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Italia, Suecia, Francia o el Reino Unido ya han activado medidas orientadas a la movilización de estas viviendas vacías.

Junto a la tasa a los pisos deshabitados y a la búsqueda de acuerdos con los pequeños propietarios, Más Madrid propone la creación de un observatorio autonómico en la materia. Sería este nuevo ente el encargado de fijar los criterios que definirían lo que es una vivienda vacía y elaboraría un censo de los pisos, casas y solares que se encuentran deshabitados sin justificación en los 179 municipios de la región. El observatorio también establecería los criterios para su movilización.

Inspecciones en los contadores

Además del cambio fiscal que propone Más Madrid para gravar las viviendas vacías, mediante la creación de un impuesto específico, el grupo parlamentario liderado por Mónica García también plantea la necesidad de, en coordinación con Hacienda, utilizar los datos ofrecidos por los contadores eléctricos en las viviendas para, así, facilitar que afloren las viviendas vacías. También dentro del paquete de medidas que se debatirán en la Asamblea en el nuevo curso político destaca la exigencia al Gobierno central de que aumente el número y mejore la intervención de los inspectores destinados a «perseguir el fraude de los alquileres no declarados».