El evangelista que se escondió 4 años en un piso tras una agresión sexual a un menor discapacitado: “Dios me ha dicho que aguantara”

La Policía Nacional le ha localizado en la casa donde vivía con su familia y del que solo salió, con identidad falsa, cuando enfermó de covid

D. M. era un ferviente evangelista y hasta el pastor de su comunidad acudía regularmente a su casa para leer juntos el Evangelio y confesarle sus pecados. Tenía uno importante. En 2016 abusó de forma continuada de un menor de solo 13 años, que padecía una seria discapacidad intelectual y que, además, era familiar suyo. El chico, según ha explicado esta mañana la Dirección General de la Policía, padecía un retraso madurativo del 38%. El menor estaba siendo sometido, además, a un estudio para determinar la existencia de algún otro déficit de mayor gravedad.

Once años de prisión

D. M. fue condenado por ello a once años de prisión en 2017, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid tras los contundentes informes periciales de la forense, muy exhaustivos ya que la agresión no dejó señales físicas al tratarse de accesos orales, según fuentes de la investigación. Pero al ver que entraba en prisión, D. M., de nacionalidad española y etnia gitana, se dio a la fuga y el Grupo de Fugitivos de la Policía Nacional le encontró hace unos meses.

No había ido muy lejos. Seguía viviendo en la vivienda de protección oficial que les habían proporcionado desde Servicios Sociales en la barriada gitana de La Zarzuela de Torrejón de Ardóz (Madrid). Allí llevaba con su mujer desde 2001 y allí vivían ahora también junto a sus cuatro hijos, todos menores de edad. Su mujer, eso sí, había tratado de simular que ya no vivía con su marido, que estaban separados porque él la maltrataba y, aunque, en realidad, se habían separado de forma legal, los investigadores creen que simuló esta separación hace unos meses en Servicios Sociales para que de alguna forma constara de “forma oficial” que allí no residía su marido, al que la Justicia le estaba buscando por, probablemente, el delito más reprochable que pueda recoger el Código Penal. Por eso y para cobrar las ayudas también al ser, supuestamente, la única encargada de mantener a sus cuatro hijos menores de edad. Oficialmente el fugitivo no tenía nada a su nombre: ni casa, ni teléfono, ni coche.

“Me duchaba todas las mañanas por si veníais”

Pero en realidad de puertas para dentro hacían como si fueran una familia normal con la excepción de que el cabeza de familia no salía nunca de casa. Nunca. “Ni me he asomado a la ventana”, le espetó a los agentes que fueron a detenerle hace un par de semanas. No entendía cómo el Grupo de Fugitivos había podido dar con él porque hasta el pastor evangélico acudía con regularidad al piso. Se dedicaban a la lectura del Evangelio y, según explicó a los agentes, se mantenía escondido porque “Dios me ha dicho que aguantara con mi familia” y que era “el destino” que ellos (los policías intervinientes) “le sacaran de allí” y acabara esta prisión autoimpuesta pero con la familia al lado. Él ya sabía que tarde o temprano le encontrarían. De hecho, esperaba a la Policía desde hacía tiempo: “Me duchaba todas las mañanas por si veníais”, dijo.

Con respecto a lo que Dios le dijo del atroz delito que cometió no debió pronunciarse porque él, como no podía ser de otra forma, niega los hechos y lo atribuye todo a un malentendido porque su anterior abogado le “estafó”.

Hospitalizado a nombre de su hermano

Los cuatro años de encierro pasaron factura en la salud del detenido. Había engordado de forma preocupante y había desarrollado una diabetes. Durante los primeros meses de la pandemia, además, se contagió de covid-19 y se puso tan enfermo que no les quedó otra que llevarle al hospital. Fue la única vez que salió de su casa y lo hizo con el DNI de su hermano, E.M. Fue él quien, según constará en el Servicio Madrileño de Salud, estuvo ingresado (bastante grave unos días) en el hospital de Torrejón con una neumonia bilateral muy seria. Pero en realidad era D., el fugitivo que, tras ser arrestado por Policía Nacional y puesto a disposición de la autoridad judicial, ingresó en prisión para comenzar ya a cumplir la condena de 11 años de prisión por esa agresión sexual a un menor con discapacidad intelectual.