300 afectados
Polémica y protesta en las oposiciones a bombero de la Comunidad de Madrid
El proceso se ha paralizado tras readmitirse a dos aspirantes eliminados por un error burocrático
Alberto (nombre ficticio) es uno de los nuevos aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Es, de hecho, uno de los 40 primeros entre las casi 300 personas que se encuentran a la espera de la última fase de las oposiciones que les brindará la plaza de su trabajo soñado, y cuyo examen, el de conducción, estaba convocado para los días 11 y 12 de enero. Sin embargo, el proceso ha sido paralizado por un error de forma en los certificados médicos de dos de los aspirantes, dejando al resto de los opositores sin saber cuándo se realizará el último examen. Ante esto, el opositor, junto a sus compañeros, ha organizado una manifestación que se celebra hoy en Las Rozas para reclamar una explicación y una solución al tribunal que ha suspendido esta última prueba, que había sido convocada hace más de un mes.
«Nos examinamos del primer ejercicio en julio de 2021, y en octubre hicimos la segunda fase, que son las pruebas físicas, y ahí echaron para atrás a dos porque el documento que te acredita para hacerlas estaba sellado pero no firmado por el médico», explica a LA RAZÓN. «Es algo que ha ocurrido otras veces, y que se puede subsanar, pero el tribunal decidió que no lo iba a admitir». En aquel momento, los dos aspirantes presentaron un recurso de alzada a Función Pública, el organismo del que depende el tribunal y que, finalmente, les ha dado la razón.
El aspirante a bombero asegura que si se tratase de cualquiera de las otras pruebas y simplemente tuviera que esperar, no tendría mayor problema. Pero la realidad es que esta última fase del proceso les está costando dinero. «Los alumnos hemos gastado una media de 4.000 euros en las prácticas de conducir», asegura. Y es que el modelo de camión con el que van a examinarse, el Renault Forestal –con el que trabajan los bomberos de Madrid–, solo lo tiene una autoescuela de toda la Comunidad. «No hay capacidad para atender a 300 personas, y, teniendo en cuenta el precio de las prácticas y el desembolso que supone para muchas personas que vienen de otras comunidades, para las familias es un verdadero problema tener que hacer este gasto de dinero para acceder a una plaza pública, y mucho menos pueden mantener estos gastos durante un tiempo indefinido, porque aun no sabemos cuándo va a ser el examen», explica.
Por otro lado, el opositor asevera que están «completamente a favor» de que se beneficie a sus dos compañeros, conscientes de que lo ocurrido «no es culpa suya en absoluto». Lo que reclaman es una solución porque consideran que la situación se ha resuelto «de la peor de las maneras». «Lo que no puede hacer el tribunal es suspender la oposición a 48 horas laborales del examen. Habíamos pedido vacaciones, pedido a las familias no celebrar la Navidad para no contagiarnos.... y ahora nos encontramos con que no tenemos nada», añade.
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