La propietaria que pide ayuda a Ayuso: «Tengo una okupa en mi casa y vivo arrodillada»

María Luisa Lozano acaba de llegar del psicólogo. Desde hace dos años acude regularmente a su consulta, el mismo tiempo que hace que su inquilina no le paga. Fue entonces cuando empezó con los problemas de ansiedad, angustia... Cuando se divorció de su marido, a ella le correspondió el piso de 86 metros que la pareja tenía en la calle Aguilar del Río, en Carabanchel Alto. Fue en ese momento cuando decidió alquilarlo a una mujer que llegó acompañada de sus dos hijas. Las cosas se desarrollaron con normalidad durante los cinco primeros años, el tiempo en el que la inquilina hizo frente a todos los pagos del alquiler. Pero llegó la pandemia y las cosas empezaron a torcerse. «Me dijo que estaba en un ERTE y que no podía pagarme y ahora está allí viviendo en mi piso con una hija y con su madre. Me consta que tiene ingresos y hasta pidió una renta mínima, pero no se la concedieron. Por algo sería, ¿no?», dice con desesperación.

María Luisa ha hecho las cuentas y son ya 17.000 euros lo que le debe su inquilina. Y eso incluye los suministros, ya que no paga ni la calefacción ni el agua, unos gastos que ella tiene que asumir. «Como son servicios comunitarios, no se los pueden cortar. Y allí sigue. Mi abogada ha intentado negociar con ella, pero nada...».

María Luisa, de 57 años, vive ahora en casa de una amiga en una casa en la que también residen la pareja de su amiga, la nuera, dos hijos y un nieto. Durante la pandemia las cosas tampoco han sido fáciles para ella. Se quedó en paro y ha estado mucho tiempo buscando trabajo. «Lo he pasado muy mal porque iba a entrevistas de trabajo en las que me han llegado a preguntar cosas rarísimas, como si me ponían pegas en casa si llegaba a las 12 de la noche. Llegó un momento en que no encontraba trabajo ni como autónoma porque una persona con 57 años ya parece un despojo». Ahora se dedica a la venta de seguros, con lo que tampoco obtiene grandes ingresos y vive con preocupación que uno de sus dos hijos se encuentra en paro.

María Luisa dice que ya no puede más. Por eso ha escrito una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la que le pide ayuda para salir de su situación desesperada. Aún recuerda cuando compró el piso de Carabanchel Alto que ahora tiene okupado y se tenía que ir a comer a casa de sus padres porque llegaba a duras penas a fin de mes para poder afrontar la hipoteca que ha estado pagando durante 20 años. «Todos los ahorros de mi vida están en ese piso. Soy hija de emigrantes. Mi padre se fue a Sudáfrica y yo nací en Johannesburgo y me crié allí, entre los negritos», dice.

«Presidenta, soy María Luisa y tengo una “inquiocupa” desde hace dos años. Tengo 57 años y soy divorciada y mi piso es lo único con lo que cuento. Estoy desesperada. No puedo más», dice el encabezamiento de la misiva.

«Tengo que trabajar para pagarle el agua y la calefacción a mi inquilina y esto es inhumano. Pido que me escuche, por favor, porque soy una propietaria, como otros muchos españoles que hemos estado trabajando toda la vida y solo tenemos una propiedad y un contrato precario. Por eso le pido que cambie las cosas para que no suframos injusticias como esta. Me siento humillada, engañada, apaleada, dejada...Más vale morir de pie que arrodillada, que es como vivo yo», relata en la carta. María Luisa pregunta a la presidenta regional sobre posibles ayudas para personas que se encuentran en una situación como la suya porque «una justicia tardía no es justicia».

A raíz de su situación, ha decidido unirse a la Plataforma de Afectados por la Ocupación con la idea de sumar fuerzas para poder salir del bucle en el que está inmersa. «Los ciudadanos no somos escudos sociales, es la Administración la que tiene que poner soluciones, no los propietarios que tenemos un piso alquilado», dice.

En Madrid, no hay datos fiables sobre okupación. Entre otras cosas porque no están unificados los datos de Policía y Guardia Civil y hay distintos tipos de okupación (motivos étnicos, antisistemas, mafias, necesidades sociales...) . Solo en 2020 hubo 1.025 nuevas okupaciones, según los datos de la Policía. Ahora se ha disparado la inquiocupación. Es decir, caso como el de María Luisa de inquilinos con contrato que dejan de pagar. «Ahora estamos esperando a que la Justicia haga algo», dice.