La alcaldesa de Alcalá de Henares denuncia que no hay rastro de 3.000 inmigrantes

La gestión de la inmigración por parte del Gobierno central sigue siendo un motivo de preocupación para la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, que ha alertado de las condiciones de «hacinamiento» de las personas «sin papeles» que recalan en el Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED), ubicado en el acuartelamiento Primo de Rivera. Según Piquet, el centro, diseñado inicialmente para acoger a 600 personas, actualmente alberga a 1.700, lo que supera ampliamente su capacidad. Además, afirmó que de las 7.500 personas que han pasado por el CAED, se ha perdido el rastro de unas 3.000. «No tienen un plan para ellos, no los integran ni les ofrecen oportunidades, tratándolos como mercancías», denunció.

La alcaldesa también manifestó a LA RAZÓN que estas personas probablemente hayan contactado con redes en otras ciudades o países, pero se estima que unas 1.500 no tienen seguimiento alguno y no se descarta que pudieran permanecer en la ciudad. «Este caos está afectando a los servicios municipales, ya que recursos como la Policía Local deben atender las necesidades del centro, dejando menos efectivos para garantizar la seguridad en las calles y la convivencia vecinal», añadió.

Piquet mencionó incidentes ocurridos tras el fallecimiento de un inmigrante en el centro, lo que requirió la intervención de cinco patrullas de la policía local. Además, criticó las salidas masivas programadas por el Ministerio de Migraciones, que ahora oscilan entre 50 y 80 personas, frente a las salidas anteriores de 5 a 8 personas, y cuya finalidad sería liberar espacio en el centro trasladando a los inmigrantes a otros recursos.

Autopsia

Por otra parte, el Gobierno central ha asegurado que ordenó la realización de una autopsia para esclarecer las causas de la muerte de Diallo Sissoko, un joven maliense de 21 años que falleció en octubre pasado en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED) de Alcalá de Henares, unas conclusiones que podrían ser determinantes para valorar posibles negligencias que se hubieran producido. No obstante, el Ejecutivo central ha defendido la gestión sanitaria proporcionada a Diallo en una respuesta parlamentaria proporcionada a Sumar a la que ha tenido acceso LA RAZÓN. En ella, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones asegura que «se activaron los protocolos» pertinentes y «se realizó una derivación médica adecuada antes de su fallecimiento», rechazando así las críticas de supuesta falta de atención sanitaria en el centro. Diallo Sissoko, quien había llegado en agosto al archipiélago canario tras cruzar la peligrosa ruta migratoria atlántica, fue trasladado el 15 de septiembre pasado al CAED gestionado por la ONG Accem bajo supervisión del Ministerio. El joven había manifestado dolores persistentes en el tórax y una pierna días antes de su fallecimiento. Según la respuesta parlamentaria, el 20 de noviembre fue llevado al Hospital Universitario Príncipe de Asturias, donde se le diagnosticó una infección respiratoria y se le recetaron analgésicos. Sin embargo, a pesar del tratamiento, Diallo acudió en varias ocasiones más a la enfermería del centro hasta que su condición se agravó fatalmente cinco días después. El Gobierno subraya que el CAED cuenta con atención sanitaria básica las 24 horas y que, al manifestarse una recaída, se solicitó una ambulancia para trasladar al joven al hospital.