Ayuso acelera la ofensiva social contra Sánchez

En plena operación verano, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a indicarle a Pedro Sánchez la casilla de salida. La presidenta regional se ha desmarcado esta semana con un recurso judicial contra el plan del Gobierno para acoger menores inmigrantes no acompañados. A la vez, en Pozuelo de Alarcón se ordenaba el cierre de un centro para refugiados y el Ayuntamiento de Madrid denunciaba el «falso buenismo» del Ejecutivo por abandonar a las personas sin hogar que dormían en Barajas.

En la semana en la que se conocen nuevos datos sobre el problema de la vivienda, Ayuso ha presentado nuevas promociones públicas en la Comunidad y ha exigido una ley antiokupas frente al modelo «insostenible» del Gobierno.

La dirigente madrileña ha decidido dar un nuevo paso al frente en su pulso con Pedro Sánchez transcurrida más de la mitad de la legislatura. Su ofensiva social ha sido avanzada con la presentación ante el Tribunal Supremo de un recurso contencioso-administrativo contra el reparto de menores inmigrantes no acompañados. El plan del Gobierno es exigir a todas las autonomías que acojan un cupo determinado pero la presidenta denuncia que es «forzoso y opaco», y que vulnera competencias autonómicas al imponer cuotas sin consenso ni financiación clara.

El recurso ha coincidido con otro movimiento que refuerza su mensaje: el Ayuntamiento de Pozuelo, bastión histórico del PP, ha notificado el cierre cautelar de actividades de un centro de acogida para refugiados. La medida ha enervado en Moncloa y ha sido el delegado del Gobierno en Madrid quien ha hecho de portavoz: Pozuelo practica un «racismo preventivo», ha dicho.

Francisco Martín ha acusado a las autoridades locales de utilizar los argumentos administrativos como una «pantalla» para cerrar el centro por razones políticas. «Esto no va de licencias, sino de prejuicios. De criminalizar a quienes buscan refugio», denunció.

Entre los argumentos esgrimidos por el consistorio para el cierre del centro destaca que las instalaciones carecen de licencia adecuada para su uso ya que los permisos actuales datan de 2013 y no reconocen el uso residencial. Además, la autorización vigente, de 2013, no permite su transformación en albergue ni centro de estancia prolongada.

La ofensiva de Ayuso se produce en paralelo a la creciente tensión política por la expulsión de las personas sin hogar que dormían en Barajas. En enfrentamiento entre el Ayuntamiento de Madrid y el Gobierno se ha reavivado de nuevo después de que el consistorio decidiera dejar en suspenso el marco de colaboración entre ambos. Tras la decisión «unilateral» de AENA de prohibir la pernocta de estas personas en el aeropuerto, el consistorio acusa al gestor aeroportuario de «incumplir» los acuerdos alcanzados y de interrumpir el importante trabajo de intervención social que se estaba llevando a cabo desde Cibeles.

El alcalde José Luis Martínez-Almeida reclamó un plan estatal que asuma el impacto real de la llegada de migrantes, muchos de ellos sin recursos y derivados desde otras comunidades. «Madrid no puede ser el vertedero de la falta de política migratoria del Gobierno», declaró.

Calculan en Cibeles que más de 3.000 personas sin hogar ocupan espacios públicos sin atención suficiente. El Ejecutivo de Sánchez «se lava las manos» y deja todo el peso en los municipios, alegan, mientras en Sol insisten en que la política migratoria estatal está generando «efectos llamada» que desbordan la capacidad de acogida y provocan tensión social en zonas ya vulnerables.

En este clima de tensión, el próximo curso político aventura picos altos de crispación. Así se interpreta de las decisiones de la presidenta regional en la última semana antes de la estampida general de los madrileños hacia sus lugares de vacaciones.

A la inmigración y los servicios sociales, Ayuso ha sumado la vivienda. Un paquete social de medidas en contraposición a las políticas de Pedro Sánchez que la líder madrileña califica de nefastas. Así, ha exigido al Gobierno una ley antiokupas «urgente, eficaz y sin ambigüedades», que permita recuperar viviendas okupadas ilegalmente en 24 horas, impida el empadronamiento de los ocupantes y limite sus derechos administrativos. «La vivienda no puede ser un premio para quien incumple la ley. Sánchez ha blindado la okupación con una legislación nefasta», entienden en el Gabinete de la presidenta.

La Comunidad cifra en más de 2.500 los inmuebles sociales gestionadas por la Agencia de la Vivienda Social que están okupadas ilegalmente, lo que representa un 10% del parque total. En los últimos tres años se han presentado más de 4.000 denuncias por ocupación ilegal en la región. La situación es para el Gobierno regional «el fracaso absoluto» de la ley estatal y «un freno a la seguridad jurídica». La iniciativa madrileña se enmarca en la propuesta del PP aprobada en el Senado que lleva meses bloqueada en el Congreso por Sánchez y sus socios.

El delegado ha respondido a estas críticas defendiendo la ley estatal como «una herramienta equilibrada» y acusando al PP madrileño de «inflar los datos y fomentar la alarma social». Según Francisco Martín, «la realidad es que la mayoría de las ocupaciones no se producen en viviendas habitadas ni generan violencia», y ha advertido contra «el uso político de situaciones que exigen rigor y responsabilidad».

Sin embargo, en Sol y en el PP de Madrid sitúan a Moncloa como culpable de los problemas de convivencia, falta de planificación y tensión en los servicios sociales. La suma del recurso judicial, el cierre de centros, la presión sobre Barajas y la bandera antiokupa forma parte de la ofensiva política de Ayuso para reforzar el mensaje de que «Madrid no va a pagar los errores de Sánchez». «Cada vez que el Gobierno nos impone una medida, nosotros respondemos con firmeza legal e institucional», resumen desde Sol. Con el Supremo y la tensión social como telón de fondo, el pulso entre Moncloa y la Comunidad de Madrid entra en una nueva fase, la del avance hacia las elecciones.