Escudos franquistas en el Palacio de El Pardo: se archiva la denuncia para su retirada

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció la presencia de unos escudos franquistas en el Palacio de El Pardo, en su época domicilio habitual de Francisco Franco, y desde 1983 residencia oficial de jefes de Estado extranjeros de visita oficial en España.

La denuncia contra Patrimonio Nacional ha sido archivada por la Fiscalía Provincial de Madrid al entender que sin un catálogo de vestigios franquistas en vigor no hay incumplimiento de la ley. La propia ARMH lo comunicaba ayer en una nota de prensa, después de que a mediados de febrero lo hiciera constar ante la Fiscalía General del Estado al entender que había incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

En la denuncia, la asociación instaba a la Fiscalía a investigar estos hechos y a tomar «las medidas judiciales pertinentes para sancionar la prevaricación y restablecer la legalidad» en el Palacio de El Pardo, donde asegura que «no debería existir ninguna exaltación del dictador ni de su régimen», en alusión a un escudo en la verja de entrada y otros en farolas de los alrededores.

En su opinión, el Gobierno debería haber retirado estos elementos en 2007 en virtud del artículo 15.1 de la Ley de Memoria Histórica, pero considera que la obligación sigue vigente en la norma que amplió los supuestos de la anterior en octubre de 2022. Ahora, casi 17 años después de que la ley de diciembre de 2007 prohibiera esos símbolos, la Fiscalía argumenta que como la norma prevé la elaboración de un catálogo de vestigios franquistas y el catálogo no existe todavía, Patrimonio Nacional no incumple la ley al no retirar los escudos.

En su nota, la ARMH, que adjunta la resolución de la Fiscalía, dice que «el escudo franquista celebra el asesinato, la desaparición forzada, la detención ilegal, el saqueo de propiedades y las torturas a cientos de miles de personas; considerar que toda esa celebración de violaciones de derechos humanos no atenta contra un grupo determinado de víctimas de la dictadura es un ejercicio de doble moral sin límites».

La Ley de Memoria Democrática obliga, en su artículo 35, a retirar este tipo de objetos en lugares públicos, a no ser que «concurran razones artísticas o arquitectónicas» de protección legal, casos en los que será necesario incluir una reinterpretación.

En el primer apartado de esta disposición consta que se consideran elementos contrarios a la memoria democrática «las edificaciones, construcciones, escudos, insignias, placas y cualesquiera otros elementos u objetos adosados a edificios públicos o situados en la vía pública en los que se realicen menciones conmemorativas en exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar y de la dictadura».

En el tercer apartado se insiste en la necesidad de que las administraciones públicas adopten las medidas oportunas para retirar dichos elementos. Así ha ocurrido, por ejemplo, en los escudos de la fachada de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Madrid e incluso en cubertería, ropa de cama y otros enseres en las embajadas y consulados de la cartera de José Manuel Albares.