La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, da un paso más en su lucha por evitar que la sede de su Gobierno sea etiquetada como Lugar de Memoria Democrática, fijación del Gobierno de Pedro Sánchez, con el que ha tenido varios desencuentros por este intento de «resignificación».

Y si ya está librando una batalla judicial para impedirlo que ha llegado al Tribunal Constitucional, donde se ha admitido su recurso, ahora ha acometido el mismo empeño ante la opinión pública con el documental «La Real Casa de Correos, sede del corazón de la verdadera Historia de España», para conmemorar su 40 aniversario como sede del Gobierno regional.

Edificio emblemático

Esta producción audiovisual, que se estrenó ayer, es un recorrido por la historia del emblemático edificio de la Puerta del Sol de la capital, testigo directo de la vida de los madrileños y de los españoles desde el siglo XVIII.

El documental de producción propia incluye los testimonios de tres de los principales protagonistas de la firma del convenio entre la Comunidad de Madrid, el Ministerio de Interior y el Ayuntamiento de Madrid para la cesión del inmueble el 12 de marzo de 1985.

Se trata de Joaquín Leguina, primer presidente de la Comunidad de Madrid, el entonces ministro del Interior, José Barrionuevo, y el primer teniente de alcalde del Consistorio de la capital en esa época, Juan Barranco, quien ejercía en funciones debido a la enfermedad del alcalde de Madrid, Enrique Tierno Galván.

Gallardón, Aguirre y Cifuentes

Asimismo, el documental cuenta también con la participación de los expresidentes de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, quienes califican a la Real Casa de Correos como «esencia de la madrileñidad» e «historia viva, no solo de Madrid sino de España», con su «carácter simbólico»porque «lo que ocurre en la Puerta del Sol se expande y acaba condicionando comportamientos en toda España».

Asimismo han colaborado en el documental escritores y expertos como Andrés Trapiello, Pedro Corral, Bartolomé González y Francisco José Marín Perellón, que han relatado cómo la Real Casa de Correos ha sido testigo directo de algunos de los hechos más relevantes de la Historia de España desde hace más de 250 años.

Trapiello, que fue miembro del Comisionado de Memoria Histórica en la etapa de Manuela Carmena, alude a que le parecería «bien» que se recordara con una placa los años oscuros de la dictadura de Franco en este edificio, siempre y cuando se pusieran también en las «355 checas de Madrid», elementos de represión republicana. En su opinión, «fijar el edificio solo a una de sus etapas sería un disparate».

"Guerracivilismo"

Por su parte, tanto Aguirre como Leguina o Cifuentes subrayan que la Real Casa de Correos ha sido «muchísimas cosas» y querer resignificarla «lo único que hace es resucitar el guerracivilismo y el olvido de la Transición».

Gallardón también recuerda cómo su padre estuvo preso en el inmueble por ser «monárquico y defender la libertad que él quería para España». Cree que no estaría orgulloso de que se recordase su presencia en la Real Casa de Correos sino su representación de la democracia.

Desde los Levantamientos del 2 de mayo de 1808 contra los franceses a la proclamación de la Segunda República, el edificio también ha sido sede del Ministerio de la Gobernación del Frente Popular durante la Guerra Civil.

El documental está ya disponible en Playmad, la plataforma de TV digital gratuita de la Comunidad de Madrid que cumple ahora dos años desde su lanzamiento.

La publicación de este documental coincide con la disputa que enfrenta al Gobierno central con la Comunidad de Madrid, en su intención de recordar su pasado como sede de la Dirección General de Seguridad franquista.

En esta pugna, la Comunidad defiende su autonomía sobre el edificio y niega que sea necesario recordarlo con placas u otros elementos, además de subrayar que la Real Casa de Correos se ha dedicado a otros muchos cometidos a lo largo del tiempo.

Desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática de Ángel Víctor Torres se refieren, en concreto, a la ley madrileña que expone que no se podrá autorizar la instalación de ninguna placa o distintivo que pueda perjudicar o resultar incompatible con «la neutralidad, la pluralidad, la concordia, el respeto a la verdad y a la historia, la imagen institucional de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, su significado actual, o que pueda generar confusión sobre la Real Casa Correos como Sede de la Presidencia».

También contempla que la instalación con carácter permanente de cualquier placa o distintivo en su sede requerirá la previa autorización del Consejo de Gobierno.

El Ejecutivo central considera que la nueva norma madrileña «pone impedimentos» a la declaración de Lugar de Memoria de la Real Casa de Correos, por lo que la ve como algo «inconstitucional y que invade competencias estatales».

El conflicto de competencias, en manos del TC

El Tribunal Constitucional acordó ayer por unanimidad admitir a trámite el conflicto de competencias presentado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid contra la intención del Ejecutivo central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso impugnó el acuerdo adoptado el 16 de octubre por la Dirección General de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática por el que se incoó el procedimiento de declaración de Lugar de Memoria Democrática de la Dirección General de Seguridad (DGS) en época franquista. El Pleno del TC ha aceptado la ponencia de la conservadora Concepción Espejel, que proponía admitir a trámite la impugnación en la que Sol alega que el Gobierno ha invadido las competencias autonómicas en memoria democrática y de patrimonio histórico-cultural, por tratarse de un inmueble del que es titular la comunidad autónoma.

En la misma impugnación, la Comunidad de Madrid pide también que los artículos de la Ley de Memoria Democrática que atribuyen al Estado la competencia para declarar un espacio como Lugar de Memoria Democrática, sin tener en cuenta las competencias autonómicas, según aduce, sean declarados inconstitucionales.